Violencia contra las mujeres: Más educación en igualdad frente a la salida de urgencia por lo Penal

 

 

El maltrato es delito, asegura el juez decano de Melilla, Fernando G. Portillo, en un artículo que subraya el valor “imprescindible” de las denuncias para “poder castigar al maltratador” y, en ocasiones,  para permitir “a la víctima romper con la espiral de violencia”. Detrás de la denuncia viene, además, la adopción de medidas de protección. No hay duda, se debe denunciar, pero siendo consciente de que “la solución a la violencia de género nunca va a ser judicial”. Para el juez Portillo, la sociedad tiene que exigir una política de educación en igualdad para empezar a vislumbrar una solución real a este mal sin resolver.  Y afirma el juez Portillo: “Al apuntar a jueces, fiscales y policías, se desvía la atención de quienes sí tienen en su mano diseñar las estrategias y objetivos para combatir el maltrato, de a quienes sí corresponde la función de crear los instrumentos legales indispensables para ello, y de quienes sí deciden cuanta inversión y a qué se dedica”. Frente a la violencia de género, asegura este juez, “los políticos se parapetan detrás de los jueces”. 

 

Por Fernando G. Portillo Rodrigo

 

Como Juez Decano de Melilla he de indicar que no soy un especialista en la materia en el sentido de que no me dedico principalmente a ello, aunque dependa de este Decanato la Oficina de Atención a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, que recibió el Premio Menina 2017 otorgado por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Melilla. A pesar de no ser “especialista”, en mi condición de juez conozco de cerca, desgraciadamente, todo lo que ocurre alrededor de la violencia contra la mujer porque se trata de un problema que se ha llevado, sobre todo, al terreno judicial, de una forma que podemos calificar de errónea. Conozco muy bien cómo funcionan los mecanismos internos del funcionamiento judicial y yo mismo, a lo largo de mis años de ejercicio, he resuelto cientos de asuntos de violencia contra la mujer; he asistido a cursos organizados por el Consejo General del Poder Judicial en materia de violencia de género y he escrito algunos artículos publicados en revistas jurídicas. Quiero decir que, en este tema, sé de lo que hablo.

Quiero añadir que soy muy sensible a las injusticias, motivo por el que creo que he acabado siendo juez. Y también quiero decir que aborrezco la violencia, sobre todo, la que se basa en una situación de superioridad, derivada de relaciones familiares y/o sentimentales. Comparto con todos, por tanto, la necesidad de luchar encarecidamente contra esta lacra que es la violencia contra la mujer.

“Comparto con todos la necesidad de luchar encarecidamente contra esta lacra que es la violencia contra la mujer”

 

Para poder hablar sobre violencia de género como quiero ya he dedicado los cinco primeros minutos a justificar lo que sé y la clase de persona que soy. Y es que en este terreno hay que andar con mucho cuidado porque cualquier atisbo de crítica, cualquier comentario que se aleje mínimamente del discurso oficial, es rebatido con acusaciones como “machista”, “facha” o cualquier otra descalificación. Nada de ofrecer argumentos contrarios. Directamente al ataque. Pero una vez que he dejado claro que tengo conocimientos sobre la materia y que soy buena persona, me voy a permitir hablar con cierta libertad en este foro, en la certeza de que no seré tachado de ignorante o de malvado.

Empecemos por las buenas noticias. ¿Cómo estamos en España en materia de violencia de género? Estamos bien, si nos comparamos con otros países y también con nosotros mismos no hace tanto. De hecho, según varios indicadores internacionales (Georgetown Institute for Women, Peace and Security[1], la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea[2]), España es el quinto o sexto país mejor del mundo para nacer mujer tomando en consideración variables tales como la respuesta del ordenamiento jurídico al maltrato, el nivel de seguridad de las calles (percibido por las propias mujeres), el número de delitos cometidos contra ellas, las posibilidades de acceso al mercado laboral, la existencia o no de desigualdades retributivas, etc. Así, España sale muy bien parada en la comparación con otros países civilizados. Una macro encuesta que se hizo en el seno de la Unión Europea así lo confirma[3]. España es uno de los países europeos con más denuncias, seis puntos por encima de la media europea. El problema es que las denuncias no son la solución.

Si nos comparamos con el país que éramos hace no tanto, no más de medio siglo, el avance ha sido bestial. Antes, el maltrato, la violencia verbal, psíquica o física ejercida por el marido sobre su mujer, o el novio sobre su novia, eran entendidas como un asunto privado, algo que ocurría de puertas para adentro, que debía quedar soterrado en el hogar, un asunto en el que ningún vecino debía meterse y mucho menos aún las autoridades públicas. Ello condenaba a muchas mujeres, que como hijas de su época entendían que debían aguantar, a unas situaciones de desigualdad y vejación no asumieres por una sociedad civilizada.

Y el derecho, que siempre es reflejo de la sociedad donde nace, respaldaba de alguna forma estas actitudes. Evidentemente, siempre ha sido delito golpear o matar a una mujer, aunque se trate de la propia pareja. Pero los mecanismos para castigarlo no se ponían en marcha tan fácilmente. Y, por ejemplo, existió durante siglos el delito de uxoricidio. ¿En qué consiste? En matar a la propia esposa, lo que era contemplado como un tipo penal aparte que, durante años, supuso la atenuación de la pena para el marido que matase a la esposa sorprendida en adulterio, en ocasiones pretéritas incluso la exención de pena. Pues bien, este delito como tal solo desapareció en 1961, antes de ayer, como quien dice.

 

“La Ley de Protección Integral (2004) contó con un consenso político pocas veces visto en democracia: se aprobó por unanimidad en el Congreso”

 

La progresiva salida de la mujer a la escena pública, su emancipación de la casa y de la vida en el hogar para ir a trabajar, fue visibilizando un problema y así fue creciendo la concienciación sobre el mismo. Con la Constitución Española de 1978 y la igualdad entre hombres y mujeres que proclamó como derecho fundamental en su artículo 14 ya no eran posibles atenuaciones como la referida. Desde el punto de vista penal, ya en 1989 la violencia en la pareja adquirió una desconocida dimensión pública con la incorporación al Código Penal de un delito específico de violencia en el seno familiar, que se aproximó más a los tipos que ahora tenemos con el Código Penal de 1995 y luego en el año 1999, ante la insuficiencia de la respuesta penal al problema de la violencia doméstica dada por la regulación hasta entonces vigente. Sin embargo, la protección penal que hoy conocemos deriva de sendas reformas habidas en el año 2003 y, sobre todo, en el año 2004 con la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Personalmente, creo que el mayor éxito de esta ley es que ha terminado por sensibilizarnos sobre este grave problema. Hoy día, de hecho, la sensibilización que existe en este país en violencia de género es enorme. La misma citada Ley de Protección Integral, de hace catorce años, ya contó entonces con un consenso político pocas veces visto en democracia: se aprobó por unanimidad del Congreso[4]. Creo que podemos sentirnos orgullosos del nivel de preocupación, concienciación y sensibilización que existe de este problema, mucho mayor que en países de nuestro entorno, pretendidamente más modernos o avanzados que el nuestro.

 

“Jamás, nunca, un problema social se solucionó acudiendo a los juzgados de lo penal”

 

Pero aún sintiéndonos orgullosos de lo conseguido, tenemos un margen de mejora[5] que no estamos aprovechando. Y ya adelanto que no voy a ser políticamente correcto. La citada Ley de Protección Integral, en su desarrollo práctico ha puesto el acento en la vía judicial penal como solución a la violencia de género -por supuesto, imprescindible-, pero a costa de lo que de verdad permitirá reducir a medio o largo plazo la violencia contra la mujer: la educación. Me explico.

La solución a la violencia de género nunca va a ser judicial. Jamás. La denuncia no es el remedio, en contra de lo que se vende.

El fin primordial de la denuncia es actuar como instrumento jurídico para poner en marcha el proceso penal. Y la vía penal tiene como fin castigar al delincuente, en este caso, al maltratador. Punto.

“Podemos sentirnos orgullosos del nivel de preocupación, concienciación y sensibilización que existe del problema de violencia de género, mucho mayor que en países de nuestro entorno, pretendidamente más modernos o avanzados

 

Pero la maltratada que pone su denuncia ya ha sido maltratada. Para ella, ese remedio institucional por excelencia llega tarde. La vía penal solo se inicia cuando el delito se ha cometido, por eso decía la fiscal de Valencia especialista en violencia de género, Susana Gisbert, que “en los Juzgados de violencia gestionamos los fracasos”[6]. Jamás, nunca, un problema social se solucionó acudiendo a los juzgados de lo penal.

Sin embargo, en este país la denuncia parece la panacea de todo y se ha colocado en primer lugar de las medidas de lucha contra la violencia de género, hasta el punto de que muchas ayudas dependen de la denuncia o del resultado de ésta[7], y algunas organizaciones de mujeres reciben fondos públicos en función de las denuncias interpuestas a su instancia.

Desde ya animo a toda mujer que se sienta maltratada a que vaya a los juzgados o a la policía y denuncie. El maltrato es delito, así que las denuncias siguen siendo imprescindibles para poder castigar al maltratador y porque, en ocasiones, y desde el punto de vista anímico, permiten a la víctima romper con la espiral de violencia. También son la oportunidad de que se adopten medidas de protección a favor de ella y, como decía, ahora mismo pueden ser la puerta de acceso a ayudas públicas. Se debe denunciar.

Pero para la víctima ya es tarde, ya es una mujer maltratada. Y que ella denuncie no le evita el maltrato sufrido ni, lo que es más importante, va a evitar otros maltratos a otras mujeres, más allá de la enseñanza que el resto de ciudadanos podemos extraer de ello, lo que llamamos prevención general del delito, en el que creo que, dado el nivel de sensibilización que existe actualmente, no se va a avanzar mucho más.

Por eso digo que, desde el punto de vista institucional, no puede seguir cargándose las tintas sobre el proceso penal ni seguir vendiendo que la solución a la violencia de género está en las denuncias o en los juzgados. Para nada. Decía que insistir en ello, por parte de los poderes públicos, no solo es insuficiente, sino que puede estar resultando contraproducente.

“La mediación está expresamente prohibida por Ley en materia de violencia contra la mujer, cuando precisamente es el mecanismo ideal para procurar la satisfacción de la víctima de un delito”


A veces he visto cómo la denuncia se ha convertido en todo lo contrario a una solución al problema. El derecho penal es muy invasivo, trastoca todos los aspectos de la vida y no entiende de las voluntades individuales. Una vez se ponen en marcha los mecanismos penales, es como un elefante entrando en una cacharrería: arrasa con todo. Sin duda, una parte del alto número de denunciantes que retiran la denuncia[8] obedece a la insatisfacción que la vía penal les causa: no es eso lo que querían. Pero es que claro, tampoco se le habían indicado otras vías adicionales como pudiera ser la mediación. De hecho, aquí se inserta el despropósito hasta tal punto que la mediación está expresamente prohibida por Ley en materia de violencia contra la mujer[9], cuando precisamente la mediación es el mecanismo ideal para procurar la satisfacción de la víctima de un delito.

Es claro que la mediación no es posible si existe una situación de desequilibrio de fuerzas entre las partes, derivada de la victimización que el delito causa, pues entonces la mediación se desaconseja totalmente. Y es cierto que la violencia de género, por definición, viene acompañada de esa desigualdad. Pero la realidad del día a día nos enseña que no siempre es así. Muchas veces llegan a los juzgados asuntos de violencia de género (así clasificados, así tramitados y así juzgados) en donde no se aprecia esa situación de dominación del hombre sobre la mujer, donde no se aprecia una relación de poder del hombre sobre su pareja o ex pareja por el hecho de ser mujer. Cualquiera que trabaje en los juzgados, y aquí somos muchos, puede confirmar este extremo.

Sin embargo, en todos estos asuntos, por prescripción legal, se priva al juez de poder hacer una derivación a mediación, no se le deja margen de actuación para que valore, como hace en cualquier otro delito, el grado de victimización del delito, esto es, si hay o no un desequilibrio de fuerzas a fin de plantearse la posible mediación. Mediación que, conviene decirlo, siempre es voluntaria (si no, no es mediación[10]) y no supone dejar al maltratador sin su pena por el maltrato realizado, pues el delito es indisponible por las partes, dado el interés público que existe en perseguirlo. De hecho, la mayoría de los Estados no establecen restricciones referidas al tipo de delito sobre el que se puede mediar, tampoco en violencia de género[11]. En España, en materia de violencia contra la mujer se insiste en el remedio judicial (penal) como el principal, poniendo el acento en el maltratador, al que hay que castigar, en vez de en la víctima y su reparación.

En todo caso, independientemente de lo inadecuado de hacer depender de la denuncia subvenciones y ayudas[12], al tratarse de un instrumento jurídico-penal que no está pensado para eso, tenemos que desconfiar de la vía judicial penal como solución del problema social de la violencia de género por un motivo de mucho más peso: y es que insistir en la solución judicial (penal) como la principal no está llevando al éxito, simplemente.

Para empezar, a pesar del aumento progresivo de denuncias de violencia de género[13], no ha descendido proporcionalmente el número de asesinadas por sus maridos, novios, parejas o ex parejas, por ejemplo y por hablar de la forma más definitiva de maltrato, tal y como figura en el gráfico de abajo. Si la denuncia fuese la solución, así lo veríamos[14].

Dibujos 1 y 2:

Cierto es que ha habido una reducción de las víctimas mortales, pero no guarda relación con el aumento del número de denuncias y sí, por ejemplo, con la disminución de los asesinatos en general en España, como muestra el gráfico siguiente. De hecho, las denuncias aumentaron de 2016 a 2017 en un 16%, mientras que los homicidios aumentaron un 6 %[15].

 

Dibujo 3:

 

De hecho, un muy bajo porcentaje de las mujeres asesinadas por violencia de género habían denunciado previamente[16]:

Dibujo 4:

 

Eso es más claro si, en vez de fijarnos en el número de víctimas mortales, nos fijamos en el número víctimas de maltrato en general, según lo que resulta de los juzgados. Y así, aunque hayan aumentado el número de denuncias, el porcentaje de las condenas es muy similar año tras año. Es decir, más denuncias no “pescan” más maltratadores, porcentualmente hablando[17].

Dibujo 5:

 

Es decir, después de 14 años de Ley Contra la Violencia de Género la sensación que tenemos es que no estamos en camino de solucionar la violencia de género, al menos de alcanzar ese margen de mejora que decía antes y que parece que es posible[18]. Las estadísticas señaladas nos permiten comprobar que, a pesar de los medios legales y judiciales, a pesar de las denuncias, las cifras son muy parecidas año tras año desde la publicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Protección Integral contra la Violencia de género; o al menos no disminuyen significativamente; y según los periodos tomados como referencia, aumentan[19]. Evidentemente algo falla cuando los datos de violencia de género no mejoran sensiblemente. La respuesta judicial no está solucionando el problema.

“Al apuntar a jueces, fiscales y policías, se desvía la atención de quienes sí tienen en su mano diseñar las estrategias y objetivos para combatir el maltrato; a quienes sí corresponde la función de crear los instrumentos legales indispensables para ello, y de quienes sí deciden cuanta inversión y a que se dedica. Los políticos se parapetan detrás de los jueces”

 

Y claro, como el peso de la lucha contra la violencia de género recae sobre los juzgados (y vemos que no parece que avancemos mucho) la culpa es de los jueces: no estamos suficientemente formados, no aplicamos perspectivas de género, etc. etc. Bueno, de los jueces y fiscales, o la policía, según los casos. Con ello se desvía la atención del principal culpable del maltrato a una mujer: el maltratador, al que en ocasiones (medios de comunicación mediante), y al contrario de lo que pasa con otros delincuentes, parece que se le da la condición de fenómeno natural inevitable, y con el dedo acusador se señala, no a él, sino a aquellos que no lo han podido atar a tiempo. Así, cuando se produce el atraco a un banco o un homicidio ajeno a la violencia contra la mujer, la atención social y mediática se vuelve hacia el delincuente, lo normal. Pero en violencia de género en seguida se empieza a indagar si el Estado (policía, juzgados) había actuado antes y, en ese caso, qué había hecho, cuestionando la respuesta preventiva, cuando, repito, esa no es función del proceso penal.

 

“La principal herramienta para la lucha contra el maltrato es y debe ser la educación. Es ahí donde hay que poner el acento y los medios, donde hay que dirigir el esfuerzo institucional y dónde deben tener puestas sus miras los políticos”

 

Pero, sobre todo, al apuntar a jueces, fiscales y policías, se desvía la atención de quiénes sí tienen en su mano diseñar las estrategias y objetivos para combatir el maltrato, de a quiénes sí corresponde la función de crear los instrumentos legales indispensables para ello, y de quiénes sí deciden cuánta inversión y a qué se dedica. Los políticos se parapetan detrás de los jueces. Por eso, a pesar de que acabamos de ver, datos en mano, que no funciona, siguen insistiendo en soluciones de tipo judicial: que los jueces apliquemos perspectiva de género, que nos formemos mejor en violencia de género, aumentar competencias de juzgados o incluso, en ocasiones, agravar penas. Pero insisto: las soluciones judiciales nunca son “soluciones”.

En mi opinión, la principal herramienta para la lucha contra el maltrato es y debe ser la educación, ni más ni menos. Es ahí donde hay que poner el acento y los medios. Es ahí donde hay que dirigir el esfuerzo institucional y dónde deben tener puestas sus miras los políticos. Sin olvidar la denuncia para que el delincuente sea castigado y pueda arbitrarse alguna medida de protección judicial, por supuesto.

Pero hay que perseverar en la que creo que es la única solución para atajar la violencia contra la mujer y reducirla a cifras testimoniales: educar a la sociedad, convencer a ellos, como potenciales maltratadores, pero también a ellas, de que en una relación sentimental la violencia no tiene cabida, que amor y maltrato no pueden ir de la mano, que la mujer no es un ser inferior al hombre y que todos somos iguales cualquiera que sea nuestro sexo. Educar en igualdad.

 

“Educar a la sociedad supone también educar al legislador y a las autoridades e instituciones implicadas, reconsiderando el papel de la mujer, a la que deben dejar de tratar como un ser indefenso y débil al que hay que proteger incluso de ella misma, no vaya a ser que vuelva con el maltratador”

 

Y ello, insisto, sin abandonar la vía penal, porque hay que seguir castigando al que maltrata. Pero dejando la misma como lo que es por su naturaleza y para lo que, de hecho, funciona para el resto de delitos: como el último recurso al que se acude y con el fin de castigar al delincuente. Una sociedad avanzada y moderna no lo es por castigar más a los delincuentes, sino porque sus ciudadanos delinquen menos. Hay que actuar sobre los ciudadanos, no solo sobre los delincuentes.

Educar, en definitiva, para desterrar el machismo de nuestra sociedad, eso es lo que sin duda permitirá reducir el maltrato. Pero esa educación también pasa por reconocer que detrás de una agresión puede haber algo más que machismo, otras causas (alcoholismo, depresión, conflictividad familiar, ambiente delictivo, alteraciones mentales, etc.) a las que también debemos atender si queremos REALMENTE reducir el maltrato.

Eso lo sabe cualquier criminólogo o psicólogo: los delitos son policausales. Así que, dar un protagonismo excesivo al machismo, palabra que muchas veces se intercambia o acompaña de otras muy graves (terrorismo, por ejemplo), supone olvidarse de tratar otras causas que pueden coexistir detrás de un maltrato, que aparecen habitualmente, y que también debemos atender para reducir el maltrato.

Siendo conscientes, además, de que la educación no es la solución definitiva, como demuestran los asesinatos de mujeres. Me pregunto qué norma moral hay que inculcar a quien toma la decisión de matar a alguien. La enseñanza ya la sabe, la sabemos todos: matar es el peor delito que puede cometerse. Sin embargo, hay muertes y las seguirá habiendo. La educación podrá disminuir el machismo y, en parte, reducir el maltrato asociado al mismo, pero tengo mis dudas con el homicidio: el que mata a alguien sabe que matar está mal y que está castigado con las penas más graves de nuestro Código Penal. Y aun así, mata.

En todo caso, hablo siempre de reducir la violencia de género. Debe volverse al sentido común y dejar de lado la utópica creencia de que podemos acabar con la violencia contra la mujer. Falso. Falso y contraproducente, porque lanza mensajes equívocos y eleva la sensación de fracaso (frustración) ante la imposibilidad de alcanzar esa meta. Como sociedad avanzada podemos aspirar a reducirla, a rebajar sus cifras hasta niveles adecuados al grado de civilización que se supone que tenemos, como así ha ocurrido con las violaciones, con los secuestros, con las agresiones físicas, con las estafas, con los robos, etc., los cuales han ido disminuyendo con el paso de los siglos. Pero disminuir no significa “acabar con”.

Llevamos esos mismos siglos de avance social, humano y tecnológico luchando contra tales conductas delictivas (incluso a veces castigándolas con penas de muerte) y, sin embargo, las mismas siguen existiendo; sigue habiendo robos y estafas porque siempre habrá alguien que quiera tener algo que no es suyo a costa de su dueño. Y siempre habrá sujetos que agredan a una mujer para imponer su voluntad, por frustración, o simplemente porque creerse mejores. El éxito vendrá cuando el porcentaje de estas conductas sea reducido a niveles mínimos, y para eso la educación se revela como el único instrumento válido.

Repito, una sociedad avanzada y moderna lo es porque sus ciudadanos delinquen menos, pero realmente no existe una sociedad en la que no se delinca nada. La posibilidad de reducir los homicidios que antes decía, por ejemplo, puede no ser tan palpable.

Y ojo, educar a la sociedad supone también educar al legislador y a las autoridades e instituciones implicadas, reconsiderando el papel de la mujer, a la que deben dejar de tratar como un ser indefenso y débil al que hay que proteger incluso de ella misma, no vaya a ser que vuelva con el maltratador. Y empezar a verla como lo que es en pleno siglo XXI: un ser humano plenamente capaz y maduro, y no tratarla como a una incapaz o a un menor de edad, como se hace en esta comparación, donde se pone al mismo nivel la necesidad de proteger a nuestros infantes con la necesidad de proteger a la mujer.

 

 

Habrá quién necesite ser protegida en ese sentido tutelar, porque precisamente una de las consecuencias de un maltrato continuado es la anulación de la propia personalidad de la víctima. Pero hay que abandonar el presupuesto de que siempre es así en todo maltrato que se lleva a los juzgados como tal, porque no lo es en absoluto. Con la realidad judicial en la mano, la presunción debe ser la contraria, so pena de caer en postulados machistas que contemplan a la mujer como un ser disminuido e inferior que el Estado debe proteger. No lo es. Y desde luego no es lo que vemos en los juzgados.

Por último, un apunte. Decía que estamos fracasando en materia de lucha contra la violencia de género. Y no solo me refiero a que, a pesar de los modernos instrumentos legales que tenemos, y a pesar de que vivimos en una sociedad hípersensibilizada con este tema, seguimos teniendo maltrato en unos niveles que entendemos que aún son intolerables. Estamos fracasando porque, además, existe un nivel de tensión social en torno a la violencia de género que antes no existía.

Esa tensión se refleja en la polarización de todo el debate sobre esta materia. Las posturas son cada vez más extremas, y cada vez es más difícil debatir con libertad, a pesar de que debatir es lo que nos permitirá acercarnos a las preguntas adecuadas y hallar las mejores respuestas al fin que todos pretendemos, que es reducir la violencia de género. Cada vez es más difícil que se alcen voces críticas porque, como decía al comienzo de mi exposición, en seguida a uno lo tildan de machista para arriba, lo que impide identificar adecuadamente los fallos y darles solución.


Esa tensión es consecuencia de la señalada imperfección de las soluciones judiciales, que no acaban con el problema porque no están diseñadas para eso. A eso se añade el riesgo de instrumentalización de las denuncias para fines ajenos a la misma, a lo que no he podido referirme por falta de tiempo. Pero también suma la desigualdad de penas según la conducta sea realizada por un hombre o una mujer[20], la facilidad con la mera denuncia acaba en detención, como todos sabemos… Todo ello no ayuda, sino más bien todo lo contrario, a tener un debate sosegado sobre esta materia. Hacen que se eleve la tensión.


Pero, además, tanto esfuerzo se ha puesto y se está poniendo en la lucha contra la violencia de género, que se ha desviado la atención y los recursos de otros malos tratos, tanto o más deleznables que los causados a una mujer. Son los malos tratos que también tienen lugar en el ámbito doméstico pero de los que son víctimas los mayores, los padres (no sabéis cómo se ha elevado el número de agresiones de los hijos a los padres[21]), los niños y otras personas con capacidades disminuidas, y donde ya la autoría no es exclusiva del hombre, sino que la comparten hombres y mujeres[22].

El olvido institucional de estos malos tratos[23], y de los malos tratos que sufren de sus parejas las mujeres homosexuales, por contraposición con los que sufren las mujeres heterosexuales, también ha dado lugar a una sensación de fracaso que se ha ido infiltrando en no pocos sectores sociales, y que es necesario atajar mediante una adecuada política que, primero, permita la visualización del problema (reconocimiento social e institucional de su importancia y determinación de su grado real de incidencia) y, con ello, la imprescindible captación de recursos; y, segundo, haga posible su reducción también mediante la educación.

En definitiva, y a mi entender, cuando se asuma esto, cuando se dé prioridad al tema educativo sobre el punitivo, cuando se desplacen definitivamente los medios económicos de la justicia a otros sectores más productivos de soluciones reales, con el indispensable aumento de los mismos, cuando la denuncia sea el instrumento que es y no más cosas, podremos decir que estamos en el camino correcto, tanto para distender la convivencia, como para alcanzar soluciones reales a uno de los problemas más graves de la sociedad actual.

En todo caso, quede claro que no tengo la verdad sentada sobre mi hombro. Solo es mi opinión. Eso sí, mis ideas están basadas en mi experiencia en la materia y en el análisis contrastado de muchos datos que me ha llevado a una profunda reflexión.

Y sobre todo, espero con esta charla haberles provocado en alguna medida a fin de estimular el debate, hacerles pensar aunque sea para poder rebatirme. Si logro que discutamos sobre todo esto, libre y pausadamente, objetivo conseguido.

Fernando G. Portillo Rodrigo, juez Decano de los Juzgados y Tribunales de Melilla, ha basado este artículo en su Conferencia “Violencia contra la mujer: una visión histórica y crítica”, pronunciada, el 21 de noviembre de 2018, en las Jornadas Multidisciplinares “Sumamos Compromisos”, organizadas por la Ciudad Autónoma de Melilla y el Ilmo. Colegio de Abogados de Melilla. #MeComprometo

 

Notas:

[1] https://es.weforum.org/agenda/2017/11/espana-quinto-mejor-pais-del-mundo-para-nacer-mujer-segun-un-estudio

[2] https://medias.liberation.fr/photo/829596-une-violence-mal-percue-parution-le-25-novembre-2015.png?modified_at=1448390126

[3] Este gráfico resume la referida  encuesta, la más grande realizada hasta ahora en el seno de la UE, y ejemplifica esto que digo en el ámbito europeo: https://www.ahorasemanal.es/media/images/numero%2033/infografias/violencia_genero_europa_ahora_semanal.png

[4] http://elpais.com/diario/2004/10/08/sociedad/1097186401_850215.html

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2004/12/22/actualidad/1103670001_850215.html

[5] Desde el 1 de enero de 2003 hasta la actualidad, 971 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas. En 2018, al momento de dar esta conferencia, ya son 43 las víctimas mortales. En todo caso, el margen de mejora, como ahora referiremos, se debe entender sobre todo respecto del maltrato, más que de los homicidios (https://elpais.com/politica/2018/07/19/actualidad/1531992228_517680.html)

[6] https://nonada.es/2016/04/susana-gisbert-fiscal.html

[7] No es así exclusivamente si hablamos de ayudas estatales, tras el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

[8] Aproximadamente, un 12 % de las victimas retiran la denuncia antes de llegar al juicio, lo que no incluye a las que, ya en juicio, no asisten al mismo o se acogen a su derecho a no declarar (fuente: web del CGPJ, http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos)

[9] Art. 44 de Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que adiciona el 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

[10] Recomendación núm. R (99) 19, de 15 de septiembre, del Consejo de Europa

[11] Peor aún, diversos ordenamientos jurídicos (Inglaterra, Alemania, etc.), han postulado la jurisdicción civil como la primera de las respuestas para casos «leves» de violencia de género. En esta línea, la Ley de protección ante la violencia de la familia de Austria, prevé una intervención integral en la que se contemplan medidas tales como, la posibilidad, (que no obligatoriedad) de adoptar medida de alejamiento, la orden de desalojo del domicilio familiar, etc., pero en la jurisdicción civil. Los datos en relación a la experiencia austríaca son ciertamente reveladores, toda vez que mediante las «agencias de intervenciones», entes para el acompañamiento e intermediación entre las partes y los servicios sociales, órganos judiciales, etc., se ha verificado que el sistema funciona y que han disminuido un 40% los casos de violencia (https://revistademediacion.com/articulos/mediacion-en-violencia-de-genero/)

[12] Ver nota 7

[13] Desde el año 2008 (142.125 denuncias) hasta el 2017 (166.260 denuncias) se ha producido un incremento de denuncias del 15 % (eso sí, durante los años intermedios ha habido un leve y continuado des-censo hasta 2014, con importantes incrementos en los años siguientes) https://www3.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/

[14] Ésta y la siguiente tabla son de elaboración propia, tomando como base los datos oficiales del Observatorio del CGPJ (enlazados en la anterior nota), con la particularidad de que los datos de 2018 se han fijado extrapolando lo acontecido a lo largo del mismo a lo que queda de año.

[15] https://www3.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/

[16] De hecho, según las noticias, en este año 2018 sólo seis del total de mujeres asesinadas habían denun-ciado previamente a su maltratador, el 18%, la cifra más baja desde 2006 https://www.elmundo.es/espana/2018/09/11/5b96c67246163f62738b45aa.html

[17] Los porcentajes de condenas se mueven entre el 12,4 % del año 2017, el 12,1% de 2015 o 11,1 % de 2011, con pocas diferencias (https://www3.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/). Los últimos años, de hecho, más denuncias no han llevado más condenas de forma palmaria, como puede observarse en este gráfico de elaboración propia.

[18] Otro debate sería el de si estamos ya o no en el “techo” que podemos alcanzar según el grado de civilización que se supone que tenemos. Partiendo de que el delito 0 no es posible ¿estamos tal vez ante la máxima reducción de las cifras de violencia de género a que podemos aspirar? Yo he partido de que no, de que aún tenemos margen de mejora, pero hay quién ya defiende lo contrario. Esto daría para otra conferencia.

[19] Merece la pena bucear un poco en los datos oficiales en relación a víctimas mortales:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/home.htm

Y también en los datos no oficiales:

http://www.feminicidio.net/menu-feminicidio-informes-y-cifras

http://ibasque.com/mujeres-muertas-en-espana-por-violencia-machista/

http://www.elmundo.es/sociedad/2015/12/31/56852bc6268e3ebf238b456d.html

http://www.antena3.com/noticias/tolerancia-cero/noticias/que-2016-mujeres-asesinadas-son-doble-que-mismo-periodo-2015_2016022200270.html

[20] Lo que se ve, por ejemplo, en el art. 153 CP (maltrato ocasional), habiendo resuelto el Tribunal Constitucional que esta diferencia de penas no vulnera la prohibición de discriminación por razón de sexo que prevé el art. 14 de la Constitución (STC 59/2008, 14 de mayo)

[21] https://www.huffingtonpost.es/2018/02/07/mas-de-4-300-padres-denuncian-cada-ano-agresiones-de-sus-hijos-en-espana_a_23355526/

[22] Según nota de prensa del CGPJ de 4 de julio de 2016, las mujeres ejercen esta violencia familiar en el mismo porcentaje que los hombres (http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-Observatorio-contra-la-Violencia-Domestica-y-de-Genero-analiza-por-primera-vez-los-casos-de-menores-muertos-a-manos-de-sus-progenitores, página 73 del documento pdf enlazado)

[23] El Gobierno sólo maneja estadísticas estudiadas de menores asesinados desde el año 2013: http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMenores/home.htm