Perdieron a dos hijos y una hermana en el atentado de Hipercor, pero el Estado no los considera víctimas de ETA

 

 

En 1987, ETA acabó con la vida de los dos hijos, de 13 y 9 años, de Nuria Manzanares y Enrique Vicente, en el atentado de Hipercor, en el que también murió la hermana de Nuria. La pareja tiene reconocida la incapacidad absoluta laboral por estrés postraumático y ha ganado dos sentencias, perdidas después de ser recurridas por el Estado. Se discute que su trauma se deba a la pérdida de sus hijos en el atentado más cruel de ETA. Lo único que les ayudó a salir adelante tras aquello, aseguran, fue su tercer hijo –Enric– que, sin saberlo ellos, ya venía de camino.

“A los políticos se llenan la boca hablando de las víctimas”, dice Nuria, “ pero en estos años nadie me ha hecho una llamada para ver si me hacía falta algo”. La directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, del Ministerio del Interior, Sonia Ramos, prometió en 2009 que nos llamarían tras conocer la falta de reconocimiento hacia nosotros: Nunca los llamaron. Enrique Vicente, denuncia que ellos no tuvieron ningún asesoramiento del Estado, “ni jurídico, ni médico”, aunque “teníamos ese derecho”.

Robert Manrique, herido grave en aquella masacre, trabaja desde hace 30 años para que otras víctimas del terrorismo en Catalunya ejerciten sus derechos. El fue la persona que buscó a las víctimas en la guía telefónica para visitarlas y ayudarlas, tras conocerse la sentencia de Hipercor. “Solo cuando nos encontró Robert empezamos a removerlo todo y fuimos a sesiones con el psicólogo; gracias a ellos estamos enteros pero el Estado tenía que ofrecernos ayuda, teníamos ese derecho”.

Hasta la primera sentencia contra los autores del atentado de Hipercor, en 1989, ningún organismo público atendió a las víctimas, hasta el punto que no se les informó del juicio por si querían personarse. Un informe de 2016 del Defensor del Pueblo señala que muchas familias víctimas del terrorismo se han quedado “sin acceso a la justicia” porque “han permanecido desinformadas a lo largo del tiempo”.

Según informa la periodista de La Vanguardia, Silvia Hinojosa, de los 21 muertos y 46 heridos del atentado de Hipercor, sólo trece víctimas (o familias) cobraron indemnización por responsabilidad civil subsidiaria del Estado por conducta omisible porque la policía no desalojó el establecimiento. Treinta y tres víctimas quedaron sin derecho a indemnización porque al reclamar unos años después –cuando Manrique pudo localizarles– se les denegó la petición por estar fuera de plazo. En este grupo están también Enrique Vicente y Nuria Manzanares.

La abogada Montse Fortuny expone las contradicciones de su caso: dos sentencias de sendos juzgados de lo Social de Barcelona los reconocieron como víctimas. Ambas fueron recurridas por el Estado. En el caso de Enrique, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dio la razón al recurrente, la Seguridad Social, y le retiró el reconocimiento de víctima, además de reclamarle las pagas que habían cobrado, mientras que otro juez del mismo Alto Tribunal consideró que su mujer sí que era víctima. La abogada acudió al Supremo, que retiró también la condición de víctima a Manzanares. Con un mes de diferencia se le denegó también a Pilar Manjón, que perdió a su hijo en el atentado del 11-M.

La ley de protección a las víctimas del terrorismo, de 2011, ha sido reformada en diversas ocasiones. En 2013 se incorporó a los amenazados por ETA, en cinco años al menos 106 personas han sido reconocidas por el Estado en esta categoría. En julio de 2017, Interior informó que 10.181 personas tienen el reconocimiento de víctimas en todas sus variantes.

“La valoración sobre quién es víctima o no debería ser neutral y contar con el criterio de expertos, no de cargos de la Administración”, constata Fortuny en referencia al factor económico: “El Estado piensa que si tiene manga ancha puede ser una piedra en un lago”.

Ver Más…
http://www.lavanguardia.com/politica/20180513/443536232699/fin-eta-victimas-testimonio-hipercor.html