Más de la mitad de las grandes empresas públicas suspenden en transparencia

 

Más de la mitad de las 45 grandes asociaciones estatales sometidas al estudio suspendieron en transparencia,  ya que la nota media general de estas empresas apenas  alcanzó una puntuación de 45’3 %, según los resultados del índice de Transparencia de las Empresas Públicas (INDEP), presentado por Transparencia Internacional España. “Estamos hablando de un sector que es de todos los ciudadanos y por eso es muy importante que sea más transparente”, señaló Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España, para indicar que la media  de estas empresas “no llega al aprobado”. Este primer informe elaborado por TI España, que pretende “informar a los ciudadanos de las instituciones que son más y menos transparentes”, provocó efectos inmediatos desde el envío de la evaluación provisional el pasado mes de mayo, de forma que algunas empresas ya han registrado una “primera mejora” al aumentar “de forma significativa su transparencia”.

 

Según primer índice de transparencia de las empresas públicas (INDEP), 26 de las 45 sociedades estatales españoles más grades no aprueban el examen de transparencia

El índice elaborado por la organización internacional  muestra que solo 19 de las 45 empresas  incluidas en el estudio superaron los 50 puntos, y por tanto,  quedaron  por debajo del aprobado las 26 restantes.

Por su lado, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ha sido la empresa con mayor puntuación, ya que en su evaluación obtuvo 74´2, para un notable, seguido de ADIF con 73´3, y  posteriormente, Ingeniería y Economía del Transporte se llevó la posición número tres con 72 ́5.

En tabla del  ranking, algo por debajo de las empresas antes mencionadas,   hay otras trece asociaciones estatales que obtuvieron  una  puntuación de bien, es decir,  entre 60 y 70. Dentro de estas se encuentran Empresas tan significativas como: ICO, AENA, RENFE o Correos, habiendo otras tres empresas que obtienen una puntuación de aprobado.

Y, finalmente, del otro lado de la balanza, de las 26 empresas que no aprobaron figuran: la Autoridad Portuaria de Cartagena con 15´8, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) con 18´3 y la Autoridad Portuaria de Baleares (21´7), ocupando las posiciones 45,44 y 43 respectivamente, y por tanto, coronándose como las empresas con menor puntaje en cuanto a transparencia en las más grandes Empresas públicas estatales de España se refiere.

Las 45 empresas evaluadas acumulan un volumen  de facturación  global  de 25.000 millones de euros, lo que representa el 2’3% del PIB español  y el 98% del sector público estatal, con una inversión total en activos de 227.000 millones de euros, equivalente al 22% del PIB.  Además, también, estas grandes empresas en conjunto cuentan con cerca de 140.000 trabajadores.

Sin embargo,  en las seis áreas de transparencia evaluadas por el INDEP,  ninguna de las puntuaciones medias globales superan los 50 puntos sobre 100, es decir, en ninguna se logró el aprobado.

Por lo que, tal como nuestra Transparencia Internacional en su tabla de puntuaciones medias en las distintas áreas de transparencia, las áreas más próximas al aprobado son: el área B) Relaciones con la Sociedad, usuarios y calidad de servicios, cuya puntuación media logra 49´7; seguido del área D) Transparencia en las contrataciones y convenios, en la que alcanzan una puntuación de 49 ́3. Cerca de estas puntuaciones se coloca el área A) Información sobre la Empresa,  con una valoración media 48 ́6.  En una posición inferior queda C) Transparencia económica-financiera, con  44´0. Y,  las dos áreas que quedan claramente en el sótano, por debajo de las anteriores son: E) Derecho a acceso a la información con  3 ́1 y F) Prevención de la corrupción y cumplimiento de transparencia y buen gobierno, con una puntuación media de 30´6 sobre 100.

 

 

Informe sobre el cumplimiento de los ODS de la ONU por parte de España

El informe recoge un Diagnóstico integral sobre el cumplimiento por parte del Gobierno español de los Objetivos de la ONU (ODS) en materia de corrupción, agrupando 30 recomendaciones para combatir y mejorar la situación en el país en cuanto a la transparencia social y, prevención y lucha contra la corrupción.  

Ana Morilla, directora del Informe sobre corrupción en España y ODS, indicó que España ha mejorado pero debe avanzar en muchos ámbitos: protección del denunciante, en  regulación del lobby, en implantación práctica de políticas de transparencia y buen gobierno, así como en infracciones y sanciones por no cumplimiento, en más medios para la Fiscalía, en códigos éticos para el Poder Judicial, diputados y senadores. En su opinión, fundamentalmente, “hay que avanzar en velar por todo el ciclo de vida de los altos cargos y funcionarios, en cuanto al control de su actividad curricular, declaraciones de bienes, intereses y actividades, control de puertas giratorias e ingresos”.

La mejora de las actuaciones y competencias de regulación y control por parte de Instituciones responsables, Organismos reguladores y de relevancia constitucional, como son el Tribunal de Cuentas, las Cámaras de Cuentas, la Fiscalía anticorrupción, El Consejo de Transparencia y buen gobierno o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), además de la labor de la OCU, UDEF y SEPBLAC (Inteligencia Financiera y Unidades centrales de la Policía para investigación de delitos relevantes), ha sida notoria, ya que todas estas instituciones y organismos han incrementado sus niveles de eficacia en la promoción de la rendición de cuentas y la detección de infracciones o hechos ilícitos.

A pesar de esto, en España la percepción de la corrupción es “enormemente negativa”, aseguró Morilla. “Estamos en el puesto 42 entre 180 países y, según el CIS,  los ciudadanos consideran que es el segundo problema nacional”. Pero estamos avanzando, aunque quedan muchos ámbitos de mejora sobre todo en el ámbito político, dijo al ser preguntada sobre el tema.

Cabe resaltar que esta situación reduce la confianza en las instituciones, degrada la vida pública, daña la imagen internacional del país y deteriora el progreso socioeconómico de España.

El informe ha cubierto el análisis de España en cuatro de las metas que conforman el Objetivo 16 de la Agenda 2030 de la ONU. Mismas que se  indican a continuación:

16.4.- Reducir significativamente los flujos financieros y de armas ilícitos, fortalecer la recuperación y devolución de activos robados y combatir todas las formas de delincuencia organizada, en la que se desarrollan aspectos  tan importantes para combatir la corrupción como el anti-lavado de dinero, transparencia de propiedad beneficiosa, recuperación de activos robados y lucha contra el crimen organizado (opcional).

16.5.- Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas, se evalúa la experiencia y percepción de corrupción, el marco e instituciones anticorrupción, la corrupción en el sector privado, la transparencia del lobby, la transparencia en la financiación de campañas de partidos y elecciones.

16.6.- Desarrollar instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles,  se valora la parte que tiene que ver con transparencia e integridad en la administración pública, la transparencia fiscal, la contratación pública y los mecanismos de denuncia.

16.10.- Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con la legislación nacional y los acuerdos internacionales,  se examinan los ítems  sobre protección de las libertades fundamentales  y acceso a la información.

En el Informe se recoge  un conjunto de 30 recomendaciones con el objetivo de contribuir a mejorar la situación en España en cuanto a la transparencia social y la prevención y lucha contra la corrupción. Dentro de estas figuran:

1) Ampliar el debate en torno al proyecto de Ley Ómnibus contra la corrupción, denominado Ley Integral contra la corrupción y protección del denunciante, actualmente en trámite parlamentario, incorporando las propuestas de mejora y recomendaciones realizadas desde la Sociedad Civil y expertos en la materia.

2) Extender el ámbito de aplicación subjetivo de esta Ley Integral contra la corrupción a todos los funcionarios públicos relevantes, los trabajadores del sector privado, particulares, proveedores y contratistas.

3)Promover que todos los poderes del Estado cuenten con mecanismos efectivos de integridad y redición de cuentas, aprobando, conforme al último informe GRECO sobre España, los Códigos de ética y buen gobierno actualmente en curso de aprobación en el Congreso, Senado y Poder Judicial. Profundizar en la transparencia de nombramientos de Presidencias de Tribunales por parte del Consejo general del Poder Judicial.

Es muy importante destacar que muchas de las deficiencias que se descubren en el Informe se intentan cubrir mediante la proposición de Ley integral de lucha contra la corrupción y protección del denunciante, que se considera un buen punto de partida para iniciar el debate sobre las reformas legales que se deberían llevar a cabo en España.

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Presentado el Informe sobre la Corrupción en España en relación con los ODS de la ONU

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS (INDEP)