Manuel Villoria: “La Administración local tiene que cambiar radicalmente, pero nadie quiere ponerle el cascabel al gato”

Manuel Villoria, miembro de Transparencia Internacional España y experto en corrupción,  cree que este delito sigue vinculado en España a la financiación de los partidos, al urbanismo y a los contratos del Estado. Por eso considera imprescindible, entre otras medidas de choque, despolitizar la Administración, desarrollar un modelo de carrera profesional y acabar con la libre designación, crear un gran fichero sobre titularidad real de todas las empresas y articular una gran plataforma estatal en la que figuren todos los contratos públicos.  Este catedrático de Ciencia Política y de la Administración  de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) reclama un cambio radical en las administraciones locales, para evitar el baile de cargos de confianza de cada gobierno y porque no podemos tener 8.100 municipios.  “Hay más concejales en Aragón que en toda Suecia”, dice.  Para este investigador del Instituto universitario Ortega y Gasset,  es urgente una ley que proteja “adecuadamente a los denunciantes que “son pisoteados, sufren represalias y no reciben apoyo”.

¿Por qué no hay una ley que defienda a los ciudadanos que se arriesgan a denunciar la  corrupción?

Ahora está en las programas de los partidos. ¡Y ya veremos, hasta que haya Gobierno se puede hacer largo! Pero los datos son sobrecogedores.

¿Qué ocurre?

Por ejemplo, la persona que denunció el caso Gurtel, que recibió el Premio Hay Derecho. Hay un documental muy interesante que se llama Corrupción, el organismo nocivo, sobre personas que han denunciado casos de corrupción y se ve como han ido perdiendo su trabajo, sufriendo presión psicológica, mobbing…

¿Realmente hay una avalancha de casos de corrupción?

Yo creo que los casos son muy numerosos, pero casi todos son de corrupción política. Nuestro país tiene mucha corrupción política pero, por ahora, no tiene mucha corrupción administrativa funcionarial. Esto nos sitúa ante un problema que es importante pero que no es ni mucho menos insoluble. Hay países en los que puede haber 2.000 juicios abiertos por corrupción, entre los que hay un médico que cobra sobornos, un policía pillado, etc. El caso español  es corrupción vinculada, normalmente, a financiación de partidos políticos, corrupción de alto nivel vinculada al urbanismo hasta hace poco o vinculada a contratos del Estado, en las que hay diferentes posibilidades. Una es que el soborno se use para financiar el partido; otra es que el soborno sea cogido directamente por el funcionario o el político corrupto. La clave es que se desarrolle toda una serie de reformas para dificultar que la corrupción política siga existiendo, manteniéndose. Yo creo que ahora mismo hay menos corrupción política, menos corrupción, que la que había antes. Todos los casos que están saliendo se corresponden con un momento histórico en el que había mucho dinero, mucha impunidad y la sensación de que todo valía.

El caso es que se tiene la sensación de que los políticos presuntamente inculpados salen en cierto modo airosos porque nuestro Estado de Derecho tiene demasiadas rendijas por las que escapar

Las encuestas lo dicen, que la sensación del ciudadano es que hay mucha impunidad todavía. Y a eso contribuyen dos cosas, que los juicios se dilatan mucho en el tiempo, porque son muy complejos y no hay jueces. Esto hay que denunciarlo. Es curioso que en Aragón haya más concejales que en toda Suecia y menos de la mitad de jueces por población, según los datos que manejamos. Tenemos muchas posibilidades de incidir en las decisiones públicas de forma partidista y sesgada y muy pocos sistemas de control. Efectivamente, hay un problema de diseño del sistema, que hay que resolver cuanto antes.

¿Por dónde le dirían a los políticos que hay que empezar a reaccionar, a tomar medidas para combatir este mal?

Si yo pudiera incidir seriamente, lo primero que les diría es que es necesario un gran pacto de todos los partidos contra la corrupción, implicando a la sociedad, al sector educativo, a las ONG’s,que nos  impliquemos todos. Y ese gran pacto debería tener una visión holística, global, del problema. Las reformas de los partidos políticos han avanzado pero para que funcionen también necesitamos reforzar y generar más independencia en el Tribunal de Cuentas, asegurarnos de que los técnicos que auditan tengan independencia para desarrollar su trabajo; necesitamos muchos más jueces, una Fiscalía Anticorrupción mejor dotada; mejorar las unidades policiales que luchan contra este problema; trabajar mucho mejor el aspecto preventivo. Necesitamos controlar los conflictos de interés de los políticos y altos funcionarios, resolver el problema las puertas giratorias y, desde luego, tener un sistema seguro de contratación pública, trabajar con el sector empresarial, con los medios de comunicación. ¡Tantas cosas!

¿Los ciudadanos podemos saber con quién contrata la Administración pública?

No podemos hacerlo o encontramos enormes dificultades. Solo sería posible si tuviéramos una gran plataforma estatal en la que estuvieran todos los contratos de todas las administraciones públicas. Ahí deberían estar, no solo los datos de la convocatoria, sino también quienes participaron, las facturas de la comisiones de contratación, el seguimiento de las modificaciones que hubiere en los contratos, la titularidad real de quienes han adquirido el compromiso de realizar un servicio o una obra en la Administración, quienes son las empresas y quienes están detrás de las empresas. Si tuviéramos todo eso con un sistema de datos abiertos reutilizables, yo creo que se empezaría a avanzar enormemente. Hay asociaciones que se dedican a controlar, a comprobar cómo es posible que determinadas empresas contraten siempre en los mismos sitios, cómo es posible que detrás de estas empresas siempre estén las mismas personas que, a lo mejor, están vinculadas a un partido político, cómo es posible que los precios en un sitio sean A y en otro sitio sean A+B. En fin, creo que esa es la clave.

¿No existe un fichero de blanqueo de capitales?

Este es un fichero que determina la propiedad real de las empresas, de una serie de bienes, de inmuebles. Sabemos que los testaferros han funcionado muy bien para ocultar la propiedad real de muchos pisos y fincas. Y deberíamos tener un fichero de todas las personas que están expuestas a la corrupción –que no quiere decir que lo sean necesariamente-  y un gran fichero de titularidades reales de todas las empresas y de las propiedades de este país. Eso no existe, aunque sí está la posibilidad de usar los ficheros de los notarios, que son muy interesantes, pero no públicos.

Se sabe que hay empresas que pagan sobornos y que mantienen una conducta corrupta. ¿Cómo es posible que sigan ahí?

Sí, claro, véase el caso Púnica, véase las investigaciones que hay en el caso Acuamed, y se verá que hay empresas que salen una y otra vez y que tienen directivos detenidos. No sé si luego serán absueltos o no, pero la verdad es que todos los datos indican que las empresas han pagado, han contribuido a todo este sistema de corrupción. La pregunta es: ¿Cuándo empieza a aplicarse de una vez en España la responsabilidad penal de estas empresas? En fin, podríamos decir que hay empresas que deberían cerrarse por corruptas, lo que pasa es que esto es complicado por puestos de trabajo, etc. Es un asunto extenso y con amplias ramificaciones.

¿Cómo se explica que el caso Bankia, con graves consecuencias para nuestra sociedad, no se llevara nunca al Parlamento,  no se sometiera a investigación, a debate?  

Ese es otro tema. Nuestro Parlamento no genera comisiones de investigación serias, cohacen otros, que además debaten y se llevan a declarar a la gente, de forma rigurosa. Por ahora, nuestro país no tiene esa cultura, esa es otra debilidad del sistema.

¿Otro talón de Aquiles es no conocer los datos reales de la corrupción?

Los datos objetivos no existen, pero están a punto de salir…

¿Quién los tiene?

El Consejo General del Poder Judicial ha podido recabar datos suficientes, lo que pasa es que están debatiendo cómo sacarlos para no crear falsas expectativas. Se retrasará hasta marzo, como poco.

Que una institución aporte datos de corrupción es una buena noticia, aporta verdadera transparencia

Efectivamente, es buena cosa.

¿Cómo podemos conseguir una Administración pública más eficiente, transparente y mucho menos politizada?

Lo primero que debo decir es que en la administración local hay mucha más politización. Pero en la Administración central la clave está esencialmente en acabar con la libre designación en puestos de funcionarios y desarrollar un modelo de carrera profesional y, sobre todo, generar la función directiva profesional que existe en muchos países. Si ha visto la serie Borgen, por ejemplo, el director de gabinete de la primera ministra es un funcionario profesional. La función directiva profesional es esencial y también acabar con la libre designación, además de evaluar bien el rendimiento. En la administración local esto nos llevaría a que toda una serie de personas no dependan del alcalde, sino del Ministerio de Administraciones Públicas o del Ministerio de Hacienda.

¿Ahora todo depende del partido que gobierne?

Incluso su salario. Con la libre designación vuelve existe la posibilidad de nombrar y cesar libremente. Hasta hace poco el alcalde podía expedientar, por ejemplo, a interventores o secretarios que se negaban a seguir las instrucciones. Este es un sistema que debe cambiar. La Administración local en España tiene que cambiar radicalmente, pero nadie quiere ponerle el cascabel al gato y seguiremos con problemas. Si se dan las condiciones para que haya corrupción, pues la habrá.

¿Le  parece un escándalo el baile de cargos de confianza y de libre designación que se produce en cada cambio de Gobierno?

Bueno, se sabe que en la Administración del Estado hay más de 270 altos cargos, sin contar los altos puestos de las empresas públicas, que es un número verdaderamente opaco. Pero a partir de ahí empiezas a tirar para abajo y los mil y pico cambios de subdirectores es una vergüenza. Multiplica esas cifras en todas las administraciones autonómicas. En los ayuntamientos se ocupan puestos con gente seleccionada con criterios partidistas; entran de la mano de un partido y luego pasan a ser funcionarios. Es una pescadilla que se muerde la cola y que nos lleva a tener una administración local muy politizada, con grandes presiones políticas sobre los altos funcionarios.

¿Malos hábitos que debilitan el servicio público que debe ofrecer la Administración?

Sobre todo porque no se deja desarrollar el trabajo con profesionalidad y se ejerce presión política en departamentos como el de Contratación.

Dice que nadie le quiere poner el cascabel al gato ¿Cuáles son esas medidas de choque que nadie quiere tomar?

Tienen que ver con el papel de los secretarios e interventores. Creo que hay que hacerlos depender del Ministerio de Hacienda, como habilitados nacionales que están ahí para controlar a la administración local. Su carrera, el salario y su régimen disciplinario no pueden depender del alcalde correspondiente. Los políticos locales tienen que asumir que los funcionarios están ahí para ayudar al poder político, para resolver, pero también para controlar. Si no les gusta, que se dediquen a otra cosa. Es evidente que tiene que haber un sistema de rendición y de control de esos funcionarios locales, porque también pueden ser responsables de paralizaciones e ineficacia. Hay determinados cuerpos de la administración local, como la Policía, que no pueden ser seleccionados por el nivel local, sino por el autonómico, con control por parte del Estado. También creo que la unificación de municipios es fundamental, aunque en este país parece imposible. Desde luego, no podemos tener 8.100 municipios, ya le digo, hay más concejales en Aragón que en toda Suecia. No podemos tener un sistema de diputaciones tan mal gestionadas, en general, no destacan por su eficacia y eficiencia, con gran politización y una impresionante cantidad de puestos de confianza.

¿Somos los españoles tolerantes con las prácticas de corrupción?

Es cierto que tenemos un problema que los españoles tenemos que afrontar culturalmente. Ahora ¿cómo podemos luchar contra la corrupción, aparte de quejándonos? Es evidente que no votando a los corruptos cuando hay un caso de corrupción clave y claro, como ocurre en alguna comunidad autónoma.

¿Cómo se explica que se siga votando a gente inculpada?

Es un problema cultural importante. Y también tiene que ver con que ha habido una especie de derrame de los productos de la corrupción que ha hecho que muchas personas sean compradas. En Valencia está claro, con todas las recalificaciones urbanísticas, con todo el pelotazo urbanístico ha habido muchas personas que se han hecho millonarias que, a su vez, han creado empleo de esa forma; que están creado puestos de trabajo ficticios vinculados a prácticas ilegales. Y las personas creen que ese modo de vida les viene bien. Es un ejemplo de falta de cultura cívica y de moralidad ciudadana, de tantas cosas.

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Documental Corrupción: el organismo nocivo/ https://goo.gl/43CcAi

http://corrupcionorganismonocivo.com/