Madrid-Barcelona mantienen diferencias culturales jurídicas profundas, por Jordi Ludevid

 

El 27 de febrero del 2001, Pasqual Maragall publicó un artículo en el diario El País titulado Madrid se va. Experto en economía regional, “había observado”, y por tanto analizado, un fenómeno muy importante de la historia reciente de España que ha pasado y pasa todavía incomprensiblemente desapercibido. Se trata del big bang de la ciudad de Madrid, que ha pasado a ser, en apenas treinta años, una ciudad global transoceánica, capital de una región urbana extensísima y que se ha convertido en la capital financiera de España por primera vez en la historia, desde Felipe II para acá. Y, por supuesto, se ha convertido en “una ciudad global”. El 7 de julio del 2003, Maragall insistía en un segundo artículo: “Madrid se ha ido”.

 

Por Jordi Ludevid i Anglada

Aparentemente, nadie o casi nadie ha seguido esta pista. A veces se tiene la impresión de que, cerrando los ojos a la realidad, la geografía política mediática ha eclipsado a la geografía física. Los marcos habituales del debate se basan en la geografía política, muy prioritariamente en el marco que ofrecen las comunidades autónomas. Como consecuencia, se habla mucho de Catalunya y muy poco de Barcelona. Y nada del Madrid real. Sin embargo, resulta tan evidente como silenciado que la ciudad de Barcelona y todo lo que esta supone suponen el elemento diferencial relevante y decisivo de la Comunidad Autónoma de Catalunya. Otras comunidades tienen también lengua propia y código civil propio. Todas tienen agravios. Ninguna tiene como capital una “ciudad global” como es Barcelona.
De modo que España tiene dos “ciudades globales” (no tres), según la identificación de la socióloga holandesa Saskia Sassen (1991, La ciudad global). Se trata de ciudades cuyo impacto económico y social sobrepasa claramente las fronteras de sus estados, estableciéndose entre ellas unas redes y unos flujos de relaciones intensas, de liderazgo socioeconómico. Entre ellas se entienden. Unas están pendientes de las otras. Compiten. Colaboran. El conjunto tiene algunas de las características de las ciudades de la histórica Liga Hanseática. Red comercial supranacional y un cierto distanciamiento respecto de su territorio circundante.

 

 

Todas ellas, todas las ciudades globales, para competir en el mundo, necesitan, y en buena medida obtienen, el apoyo de sus respectivos estados. Cuando en un mismo Estado existen varias ciudades globales, la regla común es la equidad del apoyo estatal. No sólo en capital fijo, sino también en capital social, institucional. Sin embargo, una mayoría muy cualificada de barceloneses, conscientes del rango mundial de su ciudad, no perciben hoy esta equidad en absoluto.

Por otra parte, para ser precisos, bajo el paradigma noucentista de “la Catalunya Ciutat”, Catalunya es hoy la región urbana de Barcelona. Lo que seguramente llama menos la atención que la afirmación de que el resto de España es hoy la región urbana de Madrid. Sin embargo, así es. La España actual, en un mundo global, también puede verse y analizarse a partir de nuestras regiones urbanas y de nuestras ciudades globales.

El big bang de Madrid no tiene como causa profunda los favores, que los ha habido, sino el nuevo contexto socioeconómico generado por la globalización, las TIC, las nuevas tecnologías y, claro está, la contracción del espacio tiempo, o sea, las nuevas comunicaciones. Si fueran los favores, esto habría sucedido mucho antes.
Según el Global City Index del 2010, Madrid sería la ciudad global número 17 de 65, y Barcelona, la 26. Y aunque la dimensión cuantitativa del espacio de influencia de Madrid es muchísimo mayor, tanto en España como en América, Barcelona se defiende con su increíble imagen de marca, cualitativamente muy fuerte y relevante. La marca territorial más importante del Estado, incluida la Marca España. Pero Madrid es, además, la capital de un gran Estado de la Unión Europea, lo que le añade un plus competitivo significativo e importante.

 

“Barcelona era la capital financiera e industrial de España (se comparaba a Milán, cuando Madrid era Roma), una ciudad innovadora por donde la modernidad europea se introducía en nuestro país.  Ya no es la capital financiera, y la modernidad entra en España por muchas puertas. Tiene un papel global, pero no tiene un papel estatal. ¿Lo buscará en un Estado propio y distinto? ¿O en un Estado propio y compartido?”

 

Es obvio que Madrid tiene un papel político muy evidente y reglado que las autonomías no han disminuido. Y también que tiene un papel funcional importantísimo, muy evidente, como ciudad global de referencia en casi toda España, excepto en Catalunya. Barcelona, en cambio, teniendo un papel funcional muy poderoso en Catalunya (y poco más allá, lejos de la eurorregión) pero, sobre todo, siendo una ciudad global, no tiene hoy un papel, no tiene hoy un rol estatal claro. El papel funcional estatal es débil e inespecífico. El rol político estatal directo es inexistente. Se trata de una capital de autonomía más. Estos son los hechos. Más allá de cualquier tipo de interpretación que quiera hacerse.

Sin embargo, tiempo atrás, Barcelona era la capital financiera e industrial de España (se comparaba a Milán, cuando Madrid era Roma), una ciudad innovadora por donde la modernidad europea se introducía en nuestro país. Lo que le daba una vinculación, un vínculo estatal y nacional, un papel. Eso ya no es así. Barcelona ya no es la capital financiera, y la modernidad entra en España por muchas puertas. Barcelona, eso sí, tiene un papel global (ciudad de arquitectura, de biotecnología, industrial, digital), pero no tiene un papel estatal propiamente dicho. ¿Lo buscará en un Estado propio y distinto? ¿O en un Estado propio y compartido?

El fenómeno territorial que Barcelona y Madrid representan merece una reflexión apoyada en la geografía física. España tiene dos regiones urbanas consolidadas que, apoyadas en estas dos cabeceras, producen una división funcional estatal en dos regiones urbanas. La creciente relación con el exterior (comercial, turística, ¬económica, cultural, con Europa y con el mundo) de ambas resulta evidente.

Resulta sorprendente que este análisis no haya sido considerado relevante políticamente. La excepcionalidad estatal de Barcelona, al ser una realidad objetiva y objetivable, sería algo menos difícil de explicar, comprender y gestionar en clave española. Ya no se habla de la Carta Municipal de Barcelona, pero ahí está. Alguien podría pensar con torpeza que más que “españolizar a los niños catalanes” cabría “españolizar” Barcelona. Maragall lo llamaba doble capitalidad.

Sobre el mal llamado “problema catalán” se repiten tópicos, a menudo ideológicos, a menudo reactivos, casi siempre tácticos. Y, aunque se debería intentar reformular un problema cuando aparentemente no tiene solución ni explicación, no se aprecian “observaciones” que faciliten una nueva descripción y con ella una esperanza.
Describir sería ya proponer (Manuel de Solá-Morales). Quien sabe describir describe y quien no, interpreta (Josep Pla). Observar es inventar. (Jules Renard). ¿Qué pasa en Catalunya y por qué? ¿Cuáles son los elementos disruptivos? Mi admirado Santiago Muñoz Machado habla en La Vanguardia de anomia, de anomia catalana. ¿Pero qué pasa con la anomia castellana?

Cuando en un barrio de Madrid aparece un problema, la gente señala con el dedo a la autoridad responsable. Reclama y exige una solución. Y, a menudo, se desentiende. Cuando eso ocurre en un barrio de Barcelona, es más que probable que la gente funde y promueva una asociación para impulsar la solución del problema. No se desentiende.

 

“En la España de matriz castellana, predomina ampliamente la cultura jurídica popular de derecho público. Y en el Mediterráneo, especialmente en Catalunya, predomina claramente la cultura jurídica civil de derecho privado.  hoy es muy notorio, muy evidente y muy palmario que la percepción popular y la conciencia moral subsiguiente tienen caracteres distintos”

 

Podemos recordar también el mapa sindical mayoritario de la Segunda República. CNT-FAI, en Catalunya, UGT en Castilla. No es casual. O cambiando de tercio, en un mercado madrileño, la tendera me agradece llanamente una observación sobre un pequeño incumplimiento de legalidad. En la Boqueria, en cambio, practico una prudente retirada. O, cuarto, las condiciones y requisitos para proceder al reciente cambio de titularidad de mi número de teléfono obtuvieron en Madrid una lista interminable de documentos que presentar como completamente ineludibles. La misma gestión en Manresa me llevó 20 minutos. Las leyes son las mismas. Las culturas jurídicas, no. Por fin, es conocida la severa expresión de disgusto expresada por el presidente Tarradellas al comprobar la escasez de abogados del Estado en la nómina de la Generalitat recientemente restaurada.

En estos y en otros múltiples ejemplos se hace evidente cómo las culturas jurídicas populares predominantes son distintas. Así, en la España de matriz castellana, predomina ampliamente la cultura jurídica popular de derecho público. Y en el Mediterráneo, especialmente en Catalunya, predomina claramente la cultura jurídica civil de derecho privado. Ojo, me refiero a la cultura jurídica popular, de la gente, no al derecho o la ley vigente.

Hemos olvidado cómo la influencia germánica aportada por los visigodos, y después por la dinastía borgoñona de los Habsburgo, dejó una huella importante, aunque desigual, en la cultura jurídica popular de la Península respecto del imperio de la ley y del derecho público. En todo caso, hoy es muy notorio, muy evidente y muy palmario que la percepción popular y la conciencia moral subsiguiente tienen caracteres distintos.

En la España de matriz castellana, tal parece que la ley pública, el imperio de la ley, se constituye en el nervio de la nación, en un factor constitutivo esencial y sagrado. Por cierto, que si eso es así, sería difícil entonces distinguir entre nación y Estado. Porque, básicamente, un Estado es hoy una apuesta de derecho público.

 

“Lo que ocurre no puede reducirse a una película de buenos y malos. Hay algo más, hay algo disruptivo y algo que no se ha gestionado bien. Porque, sin duda, hay algunas diferencias culturales jurídicas profundas entre “la región más occidental de Italia” (como afirmaba Josep Pla) y la España castellana de origen visigodo”

 

Y, sin embargo. en Catalunya, y en la España de matriz catalana, esto no es así. La ley pública y el derecho público no son en absoluto el nervio de la nación. No lo son. La cultura jurídica popular se ha conformado alrededor del derecho privado, civil o mercantil. Alrededor del pacto, al que se llega mediante la conversación y el diálogo, también sagrado. Sería quizás entonces el imperio de la ley no escrita. Porque sin la ley no escrita del diálogo tampoco hay democracia.

Podríamos decir que si alguien quiere ofender a un español de matriz castellana no tiene más que saltarse la ley pública. Y si esta ley es la Constitución, entonces la ofensa es máxima. Pero también se puede decir que si alguien quiere ofender a un español de matriz catalana no tiene más que negarle la conversación o el diálogo. La ofensa, en ambos casos, está servida. Eso no quiere decir que en Castilla se cumpla más la ley pública que en Catalunya. Sólo se la aprecia más, con un respeto a menudo sagrado que no impide, por supuesto, su incumplimiento. Algo cultural, que se transmite de generación en generación.

Interpretar los acontecimientos recientes a la luz de estas líneas resulta espectacular y esclarecedor. Lo que ocurre no puede reducirse a una película de buenos y malos. Hay algo más, hay algo disruptivo y algo que no se ha gestionado bien. Porque, sin duda, hay algunas diferencias culturales jurídicas profundas entre “la región más occidental de Italia” (como afirmaba Josep Pla) y la España castellana de origen visigodo. Sin embargo, ambas culturas jurídicas son necesarias en el siglo XXI. Necesarias e imprescindibles. Imposible competir en un mundo global sin ellas. Las democracias modernas del siglo XXI se basan en apuestas de derecho público, ciertamente, pero también en apuestas cooperativas de derecho privado e iniciativa civil ciudadana. La una no va sin la otra. Tal parece pues que, además de ser hoy un peligroso argumento de fractura, podría convertirse también en un positivo argumento para la complementariedad. Volver a las raíces. “Tanto monta, monta tanto”.

Como decía recientemente en Pamplona el famoso arquitecto y quizás el más político de los Pritzker, Rem Koolhaas, “en política, o imponemos equilibrios o nos imponen tiranías”.

¿Anomia catalana? Sí, pero anomia castellana, también.

 

Jordi Ludevid i Anglada es arquitecto. Ha sido hasta hace muy poco presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y también de Unión Profesional. Su artículo Madrid-Barcelona se publicó en La Vanguardia, el 14 de julio de 2018.