Los ingenieros reclaman un Pacto de Estado por la Industria

El aumento de la actividad industrial genera más y mejor empleo, creando un sistema económico más estable y competitivo en los mercados internacionales. Estas son algunas de las conclusiones que destacan el Instituto de la Ingeniería de España (IIES) y la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros (UPCI) en un documento que reclama a los partidos políticos la firma de un Pacto de Estado por la Industria, basado en un modelo de investigación, desarrollo, demostración y despegue. Además de insistir en la necesidad de fortalecer los programas de colaboración público-privada en I+D+i, ambas entidades profesionales recomiendan que se actualicen los mapas de empleabilidad de las titulaciones universitarias.

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El análisis de la estructura económica de la mayoría de los países avanzados de nuestro entorno pone de manifiesto la necesidad de elevar la participación de la actividad industrial y productiva hasta el 20% del PIB. Las ventajas de alcanzar ese nivel de industrialización son bien conocidas:

Más empleo y de mejor calidad, tanto en el propio sector como en el de los servicios avanzados vinculados al mismo.

Mayor estabilidad del sistema económico y mejor comportamiento frente a las crisis.

Mayor interacción y potenciación de las áreas de investigación y tecnología, lo que permite el desarrollo del conocimiento y la innovación como elementos de mejora de la eficiencia y la competitividad en los mercados internacionales.

PROPUESTA
De acuerdo con las consideraciones previas expuestas más arriba, los representantes de las fuerzas políticas, económicas y sociales abajo firmantes declaramos la urgente necesidad de potenciar el sector productivo de nuestro país, de forma que se sienten las bases de un mayor equilibrio de nuestra estructura económica y social, transmitiendo y concienciando a toda la sociedad de la importancia del reto, y actuando sobre los siguientes ejes fundamentales:

. Considerando que la política Industrial es prioritaria para el Estado, debe crearse una Secretaria de Estado de Industria responsable del desarrollo de este Pacto, que armonice y coordine adecuadamente las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, evitando así indeseados efectos frontera.

. Los programas de promoción y ayuda a la innovación tecnológica deben ser adscritos a dicha Secretaría de Estado, actualizando y absorbiendo competencias cedidas a entidades nacionales como el CDTI y recuperando la gestión de las empresas industriales participadas por la SEPI.

. Respecto a la interacción entre la política industrial y la política energética, cualquier diseño de la segunda debe procurar, al menos no penalizar, a la primera.

. Deben coordinarse las medidas impulsadas por este Pacto con la estrategia europea de industrialización del Objetivo 2020, teniendo en cuenta la necesidad de que cualquier propuesta normativa y/o de financiación lleve asociada una evaluación de su impacto en la competitividad y en el empleo.

. Se debe hacer una consideración específica de la PYME industrial española como un elemento vertebrador de su economía, precisando de una clara mejora de su eficiencia y de su adecuado dimensionamiento.

. Se deben definir y desarrollar programas de acción sobre sectores estratégicos, previa selección de los mismos con criterios objetivos basados en las capacidades tecnológicas existentes o previsibles, el potencial productivo, la generación de empleo, o el proyecto-país, entre otros.

. Por último, se debe acometer el desarrollo de medidas de carácter transversal o sectorial necesarias para impulsar y facilitar el desarrollo y la competitividad industrial, entre las cuales y sin pretensión de exhaustividad, señalamos las siguientes: