Las catedráticas de Derecho Penal tampoco quieren “parches”, piden transparencia e igualdad para renovar la comisión sobre delitos sexuales

 

La casi totalidad de las catedráticas de Derecho Penal que hay en España, 25 docentes de todas las universidades, piden en una carta la renovación íntegra de la Sección Cuarta de la Comisión General de Codificación. La misiva está dirigida a los 20 hombres que forman esa sala, al presidente Esteban Mestre Delgado y a todos los vocales, informa la Cadena Ser. Las catedráticas solicitan “la inmediata renuncia de todos los miembros de la sección de lo penal de la Comisión General de Codificación, para permitir la conformación de este órgano siguiendo los principios de transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género”, porque estimar que “no es aceptable” la solución dada por el Ministerio de Justicia de incorporar de forma excepcional a seis de ellas para participar en la elaboración de un informe sobre la actual regulación de los delitos sexuales y sus posibles modificaciones.

Solo dos catedráticas de Derecho Penal han aceptado incorporarse a la sala para estudiar la revisión y la reforma de los delitos sexuales. Se trata de Carmen Lamarca, de la Universidad Carlos III y de Avelina Alonso de Escamilla, de la CEU San Pablo. Otras cuatro han declinado la oferta del ministerio. Entre ellas la catedrática de la Universidad de Barcelona Mirentxu Corcoy que ha rechazado finalmente formar parte del grupo porque “me parece inaceptable” que se incluya a mujeres para “este caso excepcional”, no de “forma permanente”.
Corcoy se lo ha comunicado ya al presidente de la sala Esteban Mestre. Así que al final solo habrá cuatro expertas en el grupo. La tercera y la cuarta son Victoria Ortega, que es vocal nata de la Comisión General por su cargo de presidenta del Consejo General de la Abogacía y Blanca Hernández, ex delegada para la Violencia de Género y Letrada en Cortes.

Este grupo de catedráticas publicó un primer manifiesto el sábado (5/5/2018) contra la exclusión de mujeres de la comisión. Este es el manifiesto íntegro:

“La historia se repite incansablemente. Desde que la reforma penal de 1989 iniciara, llena de desaciertos, la regulación de delitos vinculados a la violencia de género, no se ha concedido presencia alguna a académicas de acreditada trayectoria profesional y constatada sensibilidad para aportar al Derecho una perspectiva que represente, desde un conocimiento situado, los derechos y los intereses de todas las mujeres. Posteriores iniciativas legislativas, más de cinco, han hecho patente la ausencia de una visión auténticamente feminista en una errática política criminal que no satisface a nadie. Buena muestra de este descontento es la inquietud que se viene manifestando en las calles y otros foros públicos por los feminicidios que no cesan, por las mujeres víctimas de trata que permanecen invisibilizadas o por los acosos y agresiones sexuales que invaden nuestra vida diaria y por fin empiezan a denunciarse. El caso La Manada no ha hecho más que revelar esa falta de empatía del sistema penal con las mujeres. Que la solución sea una reforma legislativa apresurada o una llamada de alarma a la ética judicial no es solo el problema. Más preocupante es que, sin dar tiempo a un debate a fondo sobre esas alternativas complejas, se decida institucionalmente acordar una modificación de los delitos sexuales sin más rumbo que acallar la protesta social.
Y, ¡vaya escándalo!, la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia a la que se encomienda el estudio preliminar de esta reforma está compuesta por 20 hombres. Nunca había sido un problema, pero los tiempos han cambiado y bastó que se hiciera pública la lista de expertos para que saltaran todas las alarmas. ¿Cómo no iba a haber mujeres en un asunto que afecta fundamentalmente a las mujeres? La solución no ha tardado en llegar. El ministro de Justicia ha tenido a bien autorizar que se nombre a seis catedráticas para que, puntualmente, complementen esa representación hasta ahora indiscutida de sabios. Lo llamativo de esta iniciativa, que pudiera parecer razonable, es su carácter excepcional.
No han entendido nada. No se trata de llamar a unas cuantas expertas, que sin duda hay de sobra, para maquillar una operación legislativa políticamente correcta. Bajo un reconocimiento forzado, y seguramente inconsistente, de una sensibilidad de género que no saben lo que es, vuelve a aparecer una discriminación inquietante. Sin duda una legislación sobre violencia contra las mujeres en la que no participen académicas especializadas en temas de género va a ser una mala legislación. Pero no es solo eso. Lo que se ha puesto al descubierto con este penoso incidente es la falta de reconocimiento a esas y otras muchas mujeres penalistas de su saber académico, lo que nosotras llamaríamos sensibilidad jurídica, profusamente demostrado en tantas obras científicas y en el liderazgo de proyectos de investigación de amplio reconocimiento. Por fin algunas van a recibir la venia de expertas en temas de género para silenciar el escándalo, pero los sabios en asuntos generales —léase Comisión de Codificación— siguen siendo los mismos.
Sigan, sigan, estamos a vuesa merced“.
Carta al Sr. Presidente y Vocales de la Sección Cuarta de la Comisión General de Codificación, de Derecho Penal. Sr. Presidente, Sres. Vocales:

A la vista de la rotunda aceptación del manifiesto en el que la práctica totalidad de las catedráticas de Derecho Penal del Estado español hemos coincidido en denunciar la escandalosa exclusión de todas las mujeres académicas y otras profesionales de la Sección Cuarta de la Comisión General de Codificación de la que ustedes forman parte, y teniendo en cuenta que no nos parece aceptable la solución que se ha propuesto desde el Ministerio de Justicia de incorporar de forma excepcional a seis de nosotras para participar en la elaboración de un informe sobre la actual regulación de los delitos sexuales y sus posibles modificaciones a través de un método de selección arbitrario que permanece en la más absoluta oscuridad,

SOLICITAMOS la inmediata renuncia de todos los miembros de la mencionada Comisión con el fin de que este órgano se reconstruya conforme a los principios de transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género.

Firmado: Elena Larrauri (Catedráticade Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra). María Luisa Maqueda (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada). Patricia Laurenzo (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Málaga). Adela Asúa (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco). María Acale (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz). Paz de la Cuesta (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cantabria). Rosario de Vicente (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Castilla la Mancha). Alicia Gil (Catedrática de Derecho Penal de la UNED). Concepción Carmona (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada). Mar Carrasco (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Alicante). Vicenta Cervelló (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Valencia). Mirentxu Corcoy (Universidad de Barcelona). María Luisa Cuerda (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castellón). Patricia Faraldo (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de A Coruña). Mercedes García Arán (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona). Esther Hava (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz). Carmen Juanatey (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Alicante). Elena Marín de Espinosa (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada). Margarita Martínez Escamilla (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid). Ana Pérez Cepeda (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca). Mercedes Pérez Manzano (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid). Inés Olaizola (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra). Teresa Rodríguez Montañés (Universidad de Alcalá de Henares). María Ángeles Rueda (Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza). Carolina Villacampa (Universidad de Lleida).

La Asociación de Mujeres Juezas de España asegura en un manifiesto que “la adecuación de la respuesta legal y judicial ante delitos con una clara significación patriarcal, así como la intensidad y firmeza con la que amplios sectores sociales reclaman una revisión de nuestro sistema de justicia nos obliga a una reflexión serena y profunda”. Este colectivo critica la respuesta de Justicia por pretender “simplemente parchear la situación y dar una respuesta meramente formal y aparente no hace sino profundizar en la brecha que ya existe” porque “la desigualdad y discriminación de la mujer no es una anécdota que requiera de meras correcciones, es sistémica, general y estructural”. Tras recordar que no había “ninguna mujer” en la Comisión General de Codificación, las juezas rechazan “operaciones de mero maquillaje o invitación a quien tiene derecho a estar allí por méritos propios”: “Los cambios deben ser profundos y abordarse desde la raíz, pues el problema al que nos enfrentamos está profundamente enraizado en nuestra sociedad”.

“Las mujeres no somos invitadas de la historia sino protagonistas de la misma y es un deber moral y legal que ocupemos el lugar que nos corresponde. Un organismo asesor del Estado en materia legislativa formado únicamente por hombres y sin ninguna representación femenina carece simplemente de cualquier legitimidad y ninguna tarea debe encomendársele hasta que no se produzcan cambios fundamentales en su organización y estructura que incluyan la presencia igualitaria de hombres y mujeres en todos su órganos de forma permanente”, recriminan al Ministerio de Justicia.

Peticiones de la Asociación de Mujeres Juezas de España:

1º. Exigimos la composición paritaria de todos los organismos e instituciones, y especialmente aquellos que tienen que ver con las reformas legislativas en nuestro país, de acuerdo con la obligación prevista en los artículos 54 y 16 de la Ley 3/2007 de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres.

2º. La formación con perspectiva de género transversal y multidisciplinar , obligatoria y continua debe ser impartida a todos los operadores jurídicos (fuerzas y cuerpos de seguridad, judicatura, fiscalía, abogacía y medicina forense) , especialmente de aquellas personas que se relacionan con delitos de violencia de género y delitos contra la libertad sexual. Y ello en cumplimiento del Convenio de Estambul de 2011, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de la resolución de la CEDAW

3º. Cumplimiento integral del Estatuto de la Víctima, evitando su culpabilización y revictimización, así como respetando el derecho a su intimidad.

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