Esther Arizmendi: ‘Los gobiernos no están haciendo todo lo que pueden en Transparencia’

 

Por Agustina Sangüesa

A mayor transparencia, menor corrupción. El poder democrático de esta fórmula se ha comprobado en algunos de los países más avanzados, que consideran el acceso a la información de la Administración y órganos públicos como un derecho fundamental del ciudadano. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno lleva varios años batallando contra la opacidad que, en definitiva, favorece la rendición de cuentas. Pero tiene sus propios obstáculos: un acceso informático tan complejo que se vuelve disuasorio, pocos recursos y ninguna capacidad para poder sancionar. Por no hablar de que la información que se consigue no tiene carácter abierto y universal. Por todo ello, la presidenta del CTBG, Esther Arizmendi, echa en falta más compromiso político y se plantea reclamar algunas modificaciones de la Ley de Transparencia.

 

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‘La transparencia es molesta, yo soy molesta’.

‘Pienso protestar porque el Consejo de Transparencia no tiene presupuesto ni competencias para sancionar o inspeccionar’.
‘La sociedad civil tiene que conocer bien que la transparencia es un derecho y ejercerlo intensamente’.
‘Cuando Suecia hacía su ley de transparencia, nosotros estábamos haciendo la Puerta de Alcalá. Estamos a 250 años de Suecia’.
La transparencia está en la campaña de todos los partidos como una estrella, pero no se ha convertido en un deber’.
‘Voy a pedir una modificación de la Ley de Transparencia para que quiten los obstáculos del acceso, porque lo importante es que la información pública pase al conocimiento de todos los ciudadanos. Voy a pedir que podamos hacer inspección y sanción. Voy a pedir inversión y compromiso’.

SCD.- Buena parte de los ciudadanos desconoce que tiene derecho a saber lo que hace su Administración. ¿Este país necesita mucha más pedagogía acerca del valor de la ‘transparencia’? ¿De qué manera contribuye el Consejo de Transparencia y de Buen Gobierno?
E.A.- El Consejo de Transparencia, que no es el Portal de Transparencia como cree mucha gente, tiene dos vías para que se cumpla el derecho a la información pública. El preámbulo de la Ley dice: ‘Solo cuando la acción de los poderes públicos esté sometida a escrutinio; solo cuando los ciudadanos puedan saber cómo se gasta el dinero de sus impuestos; solo cuándo conozcan cómo se toman las decisiones que les afectan, estaremos avanzando en una sociedad y democracia participativa’. De esto hablamos cuando apelamos al derecho de acceso a la información: del derecho a saber todo lo que nos concierne directamente y hacer escrutinio público. Hay dos vías para articular la Ley de Transparencia, una es servir la información en el Portal desde Presidencia del Gobierno y otra es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo independiente que, primero, garantiza el cumplimiento de la Ley de Transparencia. Pero en también hay que cambiar la mentalidad de la sociedad española para que entienda que el derecho a saber es muy saludable democráticamente, que preguntar supone hacer un escrutinio de la actividad pública, que cuando la Administración se siente observada cometerá muchos menos errores y actuará con más cuidado; que observar supone prevenir la corrupción y los excesos que han ocurrido.
SCD.- No es poca cosa
E.A.- Saber que te miran y que te piden cuentas siempre es muy preventivo. En muchos países está comprobado que a mayor transparencia, menor corrupción. Significa también ser más ciudadano, porque al saber más puedes votar mejor y puedes saber a quién quieres tener gastando tu dinero, tomando decisiones por tí y haciendo políticas que te importan, o sea, que el reto es muy importante. El primer desafío es mecánico-jurídico, garantiza el cumplimiento de la Ley. Pero el cambio de mentalidad es más complicado, sobre todo, cuando venimos de muchos años en los que no ha habido sino distancia y opacidad.

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SCD.- ¿Por qué mucha gente no sabe de la existencia del Consejo de Transparencia?
E.A.- ¿Sabes por qué no se conoce? Porque no se ha hecho publicidad.
SCD.- ¿Por qué?
E.A.- A mí también me gustaría saberlo. Acabamos de celebrar el cumpleaños de la Ley en un el acto ‘Transparencia 3- 2-1’. Hace tres años se aprobó la Ley que genera transparencia y cambia el espectro de la propiedad de los datos; hace dos años que la Administración del Estado tiene Portal de Transparencia, Consejo de Transparencia y obligación de transparencia. Y se ha necesitado un año para la adaptación de las comunidades autónomas. Fíjate si han pasado cosas, hasta hace tres años la Administración era la dueña de la información. En la Ley se dice que es la guardiana y que el ciudadano tiene el derecho universal a saber, sin justificar, sin pagar. La Administración, en general, se ha organizado y está contestando bien en un mes, o sea, en plazo. Hace un año que toda España se ha cubierto por la garantía de la transparencia. Y ni una campaña ni un anuncio ni un discurso más allá de los lemas políticos de todos los mítines. Está en la campaña de todos los partidos, como una estrella: haremos más transparencia. Pero no ha llegado.
SCD.- ¿Los partidos la utilizan como un reclamo, sin hacer un verdadero esfuerzo por llevar este derecho a la ciudadanía?
E.A.- Si no traspasa a la ciudadanía, no sirve para nada. Los derechos que no se ejercen se van debilitando y acaban por quedar obsoletos. Un derecho subjetivo como este, que cambia radicalmente la situación del ciudadano, tiene que ejercerse y renovarse todos los días.
SCD.- ¿Y qué piensa hacer?
E.A.- Desde luego, protestar, protestar porque el Consejo de Transparencia no tiene presupuesto ni competencias para sancionar o inspeccionar. Somos 19 personas. No podemos cambiar el mundo, si no hay un compromiso político muy importante. Y yo creo que los gobiernos no están haciendo todo lo que pueden en Transparencia.
SCD.- ¿Qué reclama usted para que el Consejo de Transparencia gane peso?
E.A.- Lo primero es independencia y confianza.
SCD.- Es un órgano independiente, ha dicho en varias ocasiones, pero depende del Ministerio de Hacienda ¿no?
E.A.- Es una dependencia exclusivamente orgánica, no funcional, o sea, yo no recibo órdenes ni instrucciones; no tengo jefes, resuelvo sobre mi presupuesto, firmo mis propias resoluciones y solo rindo cuentas ante el Parlamento, una vez al año.

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SCD.- ¿Cuándo han ido al Congreso?
E.A.- Todavía no hemos ido por el parón político, aunque nos hemos ofrecido a comparecer en cuanto nos llamen.
SCD.- ¿Qué quieren saber los ciudadanos?
E.A.- Te voy a decir, groso modo, lo que va en la memoria. Lo que hemos hecho ha sido crecer extraordinariamente. Hemos pasado en dos años de cero a 32 convenios, por ejemplo, con todas las universidades públicas de Madrid para intentar formar ‘nativos transparentes’, que son los estudiantes, que comprendan intelectualmente que es un derecho que les asiste y que tienen la obligación y la responsabilidad de favorecer y engordar. Vamos a hablar con el ministro de Educación para que incorporen el concepto de transparencia en la escuela, para que los niños aprendan a ejercer naturalmente el derecho a preguntar. Hemos hecho convenio con las ONG’s porque todas han trabajado mucho por la transparencia. Otra cosa que nos ha pasado: la confianza, ocho comunidades autónomas, de todos los colores, han renunciado a montar su propio órgano independiente porque confían en el Consejo para resolver sus reclamaciones. Si eres independiente, generas confianza.
SCD.- ¿Cuáles son esas comunidades?
E.A.- Cantabria, Asturias, La Rioja, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura, además de Ceuta y Melilla. Un tercio de la población española.
SCD.- ¿Qué más han visto desde el observatorio del Consejo de Transparencia?
E.A.- Hemos visto que la población no tiene ni idea de que esto ha llegado. Tú le preguntas a alguien de Alcorcón si sabe que allí hay un polideportivo que lleva cuatro años sin hacerse y que puede preguntar cuándo se ha parado, cuánto se ha invertido, por qué se tomó esa decisión. Pues esa persona te dirá: ‘Oye, que esto no es Suecia’, la gente no se lo cree y, sin embargo, es su derecho.
SCD.- Ahora que menciona Suecia ¿Cómo estamos en relación a otros países que nos llevan mucha ventaja en esto de la transparencia?
E.A.- Estamos 250 años por detrás de Suecia. Cuando el país nórdico estaba haciendo su ley de transparencia, nosotros estábamos haciendo la Puerta de Alcalá, ni más ni menos, estábamos con Carlos III y no se hablaba para nada de estas cosas. Aquí llegó la transparencia tardísimo, llevábamos 40 años en democracia sin esta ley. Por eso, vamos a reclamar un programa de difusión y de formación desde los colegios y a toda la sociedad civil. Necesitamos recursos porque hemos crecido mucho, desde que iniciamos nuestro trabajo nos hemos convertido en un organismo pluriterritorial, ahora trabajamos para las comunidades autónomas y los ayuntamientos y tenemos seis personas. Tenemos planes muy ambiciosos para medir y evaluar en toda España la marcha de la transparencia porque hemos pactado con las comunidades una metodología universal y gratuita para medir igual en todo el territorio y que nos permita saber cómo mejorar. Y luego hemos abierto líneas de colaboración con organismos internacionales que nos hacen viajar mucho. Hacemos un programa de formación continua. Pero seis personas son seis personas.
SCD.- Parece una tarea titánica
E.A.- Tenemos pasión.
SCD.- Pero el voluntarismo sin presupuesto no parece la mejor receta para un buen servicio de transparencia ¿No deberían los políticos remangarse para afianzar la transparencia en todas las administraciones públicas?
E.A.- La sociedad lo está pidiendo.
SCD.- ¿Cuál es el territorio más transparente en España?
E.A.- Los organismos constitucionales son bastante buenos, me refiero al Consejo General del Poder Judicial, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas. Los que peor están son los ayuntamientos, pero no porque no quieran, sino porque no tienen dinero, formación ni recursos. Y el derecho a saber, a la información, es universal, no puede tener menos derecho un ciudadano de un pueblo pequeño porque no tenga recursos, que un ciudadano en Madrid. La Administración tiene que poner los medios para garantizar un derecho. Y en los ayuntamientos está complicado.
SCD.- ¿Qué preguntas hacen los ciudadanos? ¿Qué inquietudes se detectan?
E.A.- Las primeras peticiones estaban entorno a ‘lo que siempre quisiste saber y nunca te informaron’ y tenían mucho que ver con los sueldos, porque salieron los sueldos de los altos cargos. Antes venían en una hojita escritas a mano, hora han evolucionado de manera importante, tenemos un registro electrónico, que lleva los campos que se rellenan fácilmente y vienen con dosieres de despachos de abogados que se han dado cuenta de que hay muchas posibilidades de saber, de avanzar y servir a sus clientes. Lo que preguntan últimamente son cosas enjundiosas, que tiene que ver con las contrataciones, licitaciones, subvenciones, con el uso del dinero público, de los edificios de Patrimonio del estado. Como sucede con los asuntos sobre los que se pregunta mucho, estas cuestiones están a punto de pasar a publicidad activa para que lo sepan todos. ¿Cuántos edificios alquila la Administración y por qué alquila, si tiene edificios propios? Si los tiene en mal estado ¿por qué no los arregla? ¿Cómo sale el balance de pago-alquileres si tengo edificios desocupados? Gracias a la transparencia hemos sabido cosas importantes, por ejemplo, por qué se retiró la vacuna de la varicela del calendario vacunacional y luego se volvió a poner, que a los padres les preocupó muchísimo.
SCD.- ¿Y por qué se retiró?
E.A.- En algunas comunidades autónomas, por dinero. Y había que hacer un programa de subvenciones o de reforzamiento presupuestario para que la tuvieran todas.

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SCD.- ¿Otros casos?
E.A.- ¿Te acuerdas del enterramiento de residuos radioactivos en Villar de Cañas? Hace unos se buscó en qué municipio se podía hacer. Se postularon unos seis y el Consejo de Seguridad Nuclear hizo un estudio sobre el terreno: cultivos, cercanía de la población. Y se adjudicó a Villar de Cañas, el municipio que tenía peor valoración, y eso produjo desconcierto en la sociedad española, de tal forma que se ha seguido preguntando hasta que se ha sabido que había una razón técnica.
SCD.- ¿Y en otras áreas?
E.A.- En sanidad hay cosas muy interesantes, los que trabajaron en el plan de prevención de la hepatitis, porque podía ocurrir que tuvieran intereses económicos directos, vínculos con laboratorios o con hospitales, no se quería dar; hasta que se pidió desde aquí y se llegó hasta el final. También se preguntaba cuál es el criterio que tienen los departamentos para gastar el dinero de publicidad en un diario y no en otro ¿Por qué? Porque el reparto entre los medios tiene que ser algo objetivo, no al periódico que me trata muy bien. Ahora tenemos la adjudicación del mantenimiento de los 15 trenes de alta velocidad, no se publicó el pliego de prescripciones técnicas para una licitación pública, cuarenta y tantos millones de euros. Y lo hemos pedido. La de cosas que se pueden hacer.
SCD.- Si este organismo hubiera existido cuando se construían aeropuertos fantasma o centros culturales monumentales sin uso, ¿habría sido posible parar estos fenómenos relacionados con la corrupción?
E.A.- Yo creo que muchas de esas cosas no se habrían producido. Pero para eso que planteas, este Consejo necesita a los ciudadanos porque nosotros no actuamos de oficio, estamos aquí para ponernos del lado del ciudadano, que tiene un derecho y debemos hacer cumplir la Ley. Si el ciudadano no se moviliza, no usa su derecho, no hacemos nada.
SCD.- ¿Realmente se da respuesta al derecho a la información?
E.A.- Nosotros obligamos a que se dé la información pedida en dos meses.
SCD.- ¿Quiénes preguntan?
E.A.- Normalmente, un solo ciudadano y muchos se trata de periodistas, que han sacado cosas tan interesantes como las incompatibilidades de los abogados del Estado que hacen asesoría para la Administración y las empresas.
SCD.- Las puertas giratorias
E.A.- Las puertas giratorias. Eso lo preguntó un periódico. Hay periodistas que son muy beligerantes y están descubriendo que en el periodismo de datos y de investigación pueden hacer muchísimo bien. ¿Te acuerdas cuando, en 2005, The Guardian preguntó al Gobierno británico en qué usaban el plus de gastos de representación que tenían asignados los miembros de las Cámaras. Pues el presidente de la Cámara dijo que no lo iba a dar porque eso era cocina del Estado, entonces el periódico fue al tribunal y este le dio la razón. ¿Qué pasó? Que muchos gastaban el dinero en juergas, otros en su moqueta, otros en pagar a la asistenta; 32 altos cargos dimitieron, Gordon Brown cayó y se hizo una nueva ley de transparencia que convirtió a Reino Unido en uno de los sitios más transparentes de toda Europa. Solo porque hubo un periodista preguntando y rindiendo cuentas. ¡Es fantástico!
SCD.- El control de la actividad de los políticos y de la contratación de asesores en las administraciones públicas es un agujero negro ¿Hay alguna información?
E.A.- Ya lo estamos haciendo. En la Administración General del Estado ya nos han preguntado por los asesores y ahora nos han preguntado por asesores que renuncian a su condición de funcionarios para ser eventuales y cobrar más dinero.
SCD.- ¿Y puedo saber qué se ha descubierto?
E.A.- Lo puede saber quien lo ha preguntado
SCD.- ¿Tengo que volver a preguntar lo mismo? ¿No se publica?
E.A.- Eso es un defecto terrorífico de la Ley porque cuando una información es pública lo es para todos, pero yo solo se lo puedo dar a quien me lo ha pedido.
SCD.- Pero eso es contradice la propia Ley de Transparencia ¿no?
E.A.- Totalmente. Mira, cosas contradictorias con la propia esencia de la Ley: no tenemos capacidad de inspección, cuando soy el órgano que tiene que garantizar si se cumple la norma. ¿Qué control es ese? Dice la Ley: ‘Velar’, que quiere decir tener facultades de inspección y control, ir a ver y vigilar, pero no tengo competencias. No tengo competencias de sanción, con lo cual cuando hago una resolución y si no se cumple puedo instarle a cumplir pero a la siguiente vez solo puedo castigarle en la plaza pública porque no le puedo sancionar, o sea, solo puedo denunciar en mi web el incumplimiento, solo puedo someterle al coste reputacional, que no es poco porque decir que hay un organismo que sistemáticamente se salta la Ley, se salta la autoridad del Consejo, no respeta el derecho de los ciudadanos, afortunadamente, ya tiene un coste en nuestro país. El Consejo tendría que obligar al cumplimiento.
SCD.- Imagino que eso lo dirá en su próxima comparecencia
E.A.- Absolutamente.
SCD.- Si el presidente del Consejo de Transparencia fuera un hombre ¿Su actuación estaría tan limitada? Dicho de otra forma, ¿no siente que por el hecho de ser mujer la tienen un poco olvidada?
E.A.- Para nada.
SCD.- Pero es un órgano importante que se encuentra muy limitado
E.A.- Es un órgano importante pero muy molesto
SCD.- Pero si no tiene las atribuciones que necesita, mejor que no exista
E.A.- Esa es una gran reflexión, porque el Parlamento ha hecho una Ley de Transparencia ¡Vamos a por ella! Vamos a por una Transparencia real. Yo voy a pedir la modificación de la Ley en varios aspectos, pero te contesto a lo de ser mujer. Yo soy considerada una mujer correosilla, no me siento limitada en ningún sitio por mi género, es más, la transparencia es molesta y yo soy molesta. Y yo creo que el Consejo es valiente, dice lo que tiene que decir muy clarito.
SCD.- Aunque se sigue quejando de las mismas carencias, que siguen sin resolverse
E.A.- No ha cambiado nada en los últimos dos años. Es verdad que hemos perdido un año porque no teníamos interlocución, pero ahora que empieza la legislatura ya hemos escrito que nos vamos a remangar, o sea, que ya no esperamos más, que vamos a ser muy insistentes.
SCD.- ¿En qué medida ha ayudado el acuerdo suscrito entre Ciudadanos y Populares?
E.A.- A mí me gusta mucho ese acuerdo porque parece que nos han seguido. No hemos hablado con Ciudadanos, aunque nos parece fantástico hablar con todos los partidos para que nos ayuden a llevar esto adelante, pero suscribo al cien por cien el ideario que han pasado en materia de transparencia.
SCD.- ¿Cuál es el punto fundamental?
E.A.- Reforzar la independencia del Consejo, dar facultades de inspección y sanción, invertir en transparencia como una política pública preferente que tiene que inspirar toda la actuación. Parece que nos han estado escuchando.
SCD.- ¿Qué presupuesto tienen?
E.A. 2.900.000, más del 50% se va en pago de nóminas y alquiler del local. Para inversiones tenemos unos 500.000 euros, de los que 200.000 van a la informatización de la oficina y el resto en el aplicativo para hacer evaluación y control, en estudios y acciones formativas y en actividades de concienciación social. Hay otra cosa en la que también insistimos mucho que son las dificultades en el acceso, para mí es una bandera, a mí nadie me va a convencer de que tenemos muy pocas reclamaciones porque no interesen, interesa y mucho, porque es un campo preventivo de la corrupción que interesa mucho a la sociedad. Acuérdate que en la apertura de la legislatura el Rey habló con dureza y nos llamó por nuestro nombre: la sociedad está pidiendo dignidad a los cargos públicos y que limpiemos esta lacra.
SCD.- Se refirió al desencanto
E.A.- Al desencanto y a la lejanía de los ciudadanos con sus representantes. Todos sabemos que en una democracia parlamentaria como la nuestra el Rey no se mete casi nunca en nada, pero aquel día las palabras que dijo fueron muy contundentes: ¡Nos estaba mirando: medidas anticorrupción, más transparencia, más implicación, más ejemplaridad, eso pasa por aquí. Entonces hay que coger al Consejo y a las instituciones independientes y darles la importancia, el apoyo, la inversión y el compromiso que necesitan para despegar.

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SCD.- Para que dejen de ser solamente un escaparate
E.A.- Para que dejen de ser un sitio donde se lucha sin cuartel, para que empiece a ser un sitio donde los resultados sean consecuencia de una colaboración de todos, de los políticos que los necesitamos; de la sociedad a la que hay que bombardear insistentemente con este derecho, que lo sepan. Estábamos hablando del acceso, ¡tú te crees que se puede poner un acceso a la información en el que entras con DNI electrónico, tras activar el código PIN! ¿Lo tienes?
SCD.-No, igual que muchos otros ciudadanos
E.A.- Vale. Pues te pides un certificado electrónico, que pagas a la Fábrica de Moneda y Timbre, y piensas que vas a poder hacer peticiones en el Portal de Transparencia y que vas a poder preguntar todo lo que siempre quise saber, por ejemplo, esto que has dicho de los eventuales, porqué se contrata a unos y no a otros, cuáles son sus apellidos, qué trabajo hacen, llegas a tu portátil y resulta que no tiene lector de tarjeta. Entonces pides el código PIN 24 horas, que te obliga a pedir una autorización de la Agencia Tributaria. Pero si quieres tener un código permanente en tu móvil para entrar a preguntar, primero tienes que tener el terminal; segundo, al pedir el ese código PIN te van a pedir el número de la cuenta bancaria en la plataforma de la agencia tributaria ¿Y tu qué vas a decir? Adiós.
CSD.- ¿Tiene arreglo?
E.A.- Llevamos diciéndolo desde el principio
SCD.- Ahora entiendo que muchas preguntas vengan de periodistas, estamos más habituados que el ciudadano medio
E.A.- Pero este derecho es para todos los ciudadanos. Imagínate una señora de un pueblo de Segovia que quiere saber cuándo van a abrir el Centro de Mayores. Por qué tiene que tener más problemas que un periodista que dispone de más medios electrónicos? La defensora del pueblo ha dicho que el sistema es disuasorio. Y es que lo es. ¿Qué ha pasado? Pues que en dos años han preguntado algo más de 6.000 personas ¿Sabes cuántas personas preguntaron el primer año en Reino Unido? 45.000. ¿Por qué? Porque no tenían nada más que poner un correo electrónico.
SCD.- ¿Y por qué no se hace así?
E.A.- ¿Y por qué no se hace así? … así llevo dos años.
SCD.- ¿Titular de su próxima comparecencia en el Congreso?
E.A.- Fundamentalmente voy a pedir ayuda, porque la necesito; voy a pedir una modificación de la Ley de Transparencia para que quiten los obstáculos del acceso; para que eliminen la restricción actual que limita el acceso a la información a la persona que pregunta, porque lo importante es que la información pública pase al conocimiento de todos los demás. Voy a pedir que podamos hacer inspección y sanción. Voy a pedir inversión y compromiso. Yo me siento muy gratificada por la sociedad, porque quienes han recurrido se han ido siempre muy contentos y han visto que todo esto realmente es verdad. Pero en dos años, con la que está cayendo, con lo que nos pide la sociedad, con lo que nos ha pedido el jefe del Estado, con lo que llevan los partidos políticos en sus programas, que esto sea nada más que una moda o un lema me parece un insulto a la democracia participativa.
SCD.- ¿Papel de la sociedad civil en ese impulso definitivo a la transparencia?
E.A.- Responsabilidad. La sociedad civil tiene que conocer bien que esto es un derecho y luego ejercerlo intensamente. Intensamente.

Interior informará a un ciudadano de las pruebas de selección de la Guardia Civil

Recientemente, el Ministerio del Interior ha tenido que informar a un ciudadano que reclamó todos los documentos asociados a su prueba de entrevista personal, en el proceso selectivo de un concurso-oposición para optar a la escala de cabos y guardias de la Guardia Civil. El aspirante pidió acceso a los acuerdos del tribunal de selección que determinan los criterios de valoración, los criterios para superar la prueba y los criterios del test de personalidad, según informa el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
De los 32 recursos interpuestos por organismos públicos contra el Consejo de Transparencia, que representan el 2,4% de más de 1.300 reclamaciones recibidas -en su mayoría atendidas por las administraciones públicas- esta es la sexta sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid que da la razón al organismo que vela por el cumplimiento de la Ley, que atiende las reclamaciones de los ciudadanos cuando los organismos públicos no facilitan la información que demandan.

Algo más de claridad

El Ministerio de Interior  y RTVE no han respondido  a las preguntas de varios ciudadanos, después de la reclamación del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para que ambos organismos cumplieran con el derecho a la información que recoge la Ley de Transparencia. Ambos casos hablan de una Administración que aún está lejos de actuar y reaccionar con transparencia. Por eso, la Fábrica de Moneda y Timbre se resistió a dar el coste del nuevo euro con la efigie de Felipe VI; Renfe no publicaba el pliego de licitación para el suministro de 15 trenes de Alta Velocidad o Instituciones Penitenciarias blinda los datos sobre fallecimientos, indemnizaciones e incidentes ocurridos en las cárceles españolas. El Consejo de Transparencia ha logrado ya que se conozcan asuntos hasta ahora secretos, como el gasto de las embajadas en el exterior, los fondos recibidos por la Iglesia Católica o la licitación de los trenes y líneas del AVE. Aunque no ha conseguido que esa información sea universal. Esa es otra batalla por librar.