El Poder Judicial apela a la “concienciación social” para considerar a los menores víctimas directas de la violencia machista

 

Las conclusiones del VII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género plantean una mayor implicación institucional y la adopción de determinadas medidas legales para mejorar la protección de las víctimas de la violencia sobre la mujer. Tras acoger con satisfacción la próxima aparición de una nueva herramienta de valoración policial del riesgo que mejorará la capacidad predictiva de los casos reincidentes, los asistentes al VII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género han expresado la importancia de mejorar las valoraciones forenses del riesgo en la detección de víctimas potenciales de violencia de género, para lo que han instado a las administraciones competentes a la implementación de las unidades forenses de valoración del riesgo donde todavía no existen “y a que las mismas sean suficientemente dotadas con los medios personales y materiales necesarios para su correcto funcionamiento”. Las conclusiones, que han sido leídas al término del Congreso por la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, también hacen referencia a la necesidad de que la agravante de género sea aplicable en todos los hechos delictivos cometidos contra la mujer, independientemente de la vinculación entre víctima y agresor.

Para acabar con la trata, se estima imprescindible trasponer a nuestro ordenamiento el Convenio para la represión de la trata de personas y de prostitución ajena, firmado en Lake Success, Nueva York, el pasado 21 de marzo, que permitirá arbitrar un sistema de protección integral de las potenciales víctimas. Los asistentes al VII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género también han hecho un llamamiento para luchar contra algunos mitos y estereotipos anclados en la sociedad -“solo hay violación si hay lesiones”, “las víctimas tienen que estar anímicamente deshechas”, entre otras-, que distorsionan la realidad e impiden una eficaz persecución de los delitos contra la libertad sexual.

El VII Congreso del Observatorio ha apostado por reforzar la formación y concienciación social de cara a considerar a todos los efectos a los menores como víctimas directas de la violencia, incluso a pesar de no ser directamente agredidos, “entendiendo que la vida en un entorno de violencia influye directamente en su desarrollo físico y emocional”.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es partidario de suprimir los dos atenuantes de confesión y reparación del daño en los casos de violencia machista porque “dos de cada cuatro” asesinos confiesan el crimen y se entregan a la Policía para rebajar su condena, tal como explicó el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y asesor del Observatorio desde 2002, Vicente Magro. Entre un 40 % y un 50 % de los agresores se entregan tras cometer el delito, lo que supone un atenuante de confesión que, junto a la reparación del daño, determinan la posibilidad de rebaja del grado”. Vicente Magro ha recordado que la consecuencia de esta situación es que la condena de los crímenes machistas estén penados se sitúe entre seis y diez años: “No podemos convertir una obligación de la reparación del daño del acusado o condenado en un beneficio que se aplica como atenuante”, precisó el magistrado.

Los expertos en violencia de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declaran en un comunicado que consideran necesario aplicar la circunstancia agravante por razón de género a todos los delitos relacionados con violencia machista, después de determinar que solo se había considerado en el 67 % de los casos en que fue solicitada entre el 2016 y el 2018.  Tras analizar 36 sentencias, indican que la agravante es aplicable a todos los hechos delictivos cometidos contra la mujer, advirtiendo que se detecta una tendencia al alza en su petición por parte de las partes personadas en el proceso. Esta agravante fue incluida en el Código Penal en el 2015 para todos los hechos delictivos en los que el ataque contra la mujer se cometa por razón de género, con independencia de que exista o no algún tipo de relación entre el agresor y la víctima.

El último informe del Consejo General del Poder Judicial revela que las denuncias en el segundo trimestre del año bajaron un 1,4%, en relación al mismo periodo de 2017, así como las peticiones de órdenes de protección que bajaron un 4’2 %. En el segundo trimestre de 2018 se presentaron 42.077 denuncias por violencia de género, el 67% interpuestas por la víctima -un 2 % menos que en 2017-, un 16% fueron resultado de la intervención directa de la policía y apenas un 2,1% las presentó la familia. También se registró un descenso de las mujeres víctimas, que fueron 40.232, un 0,3 % menos que en el mismo período de 2017. En cuanto a las solicitudes de órdenes de protección, bajaron un 4,2% hasta las 11.279 y también fueron más las mujeres víctimas que se acogieron a la dispensa legal de no declarar contra su agresor, casi un 7% más que en el segundo trimestre del año anterior. No obstante, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ destaca que las sentencias condenatorias aumentaron un 1,2%, llegando al 69%.

 

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