El gasto en bienestar por habitante de las administraciones públicas en País Vasco y Asturias supera en un 50% al de Baleares y Canarias

 

De izda a dcha: Guillem López, Francisco Pérez, Santiago Lago, Sara de la Rica, Francisco Pérez, Rosa M. Urbanos y Sandra León.

El laboratorio de Análisis y Evaluación de Políticas del IVIE (IvieLAB), ha analizado en el seminario Las políticas de bienestar en la España de las autonomías, las diferencias en el estado del bienestar del que disfrutan los ciudadanos, en función de la región en la que residen. Los expertos han coincidido en señalar que la elevada heterogeneidad entre los distintos territorios impide la igualdad en la prestación de los servicios públicos fundamentales.
El director de Investigación del Ivie, Francisco Pérez, ha cifrado las diferencias de gasto por habitante del conjunto de las administraciones en servicios públicos fundamentales (SPF) en más de un 50% entre las comunidades que más gastan (País Vasco y Asturias) y las que menos (Baleares y Canarias). Estas diferencias persisten si se elimina la parte del gasto correspondiente a la Seguridad Social (pensiones y prestación por desempleo). Tras ese ajuste, los ciudadanos del País Vasco disfrutan de un gasto público en bienestar un 34% por encima de la media, mientras que Baleares se sitúa un 10% por debajo.

España destina un 64% del gasto público al estado del bienestar, pero sigue estando cuatro puntos por debajo de la UE

El estado del bienestar absorbe casi el 64% del gasto público en España y, en lo que llevamos de siglo, ha ganado peso respecto al año 2000, cuando suponía el 56,2% del gasto total. Sin embargo, España se sitúa cuatro puntos por debajo de la UE en gasto en servicios públicos relacionados con el bienestar (26,8% del PIB, frente a 30,9% de la UE), solo por encima de los países del Este de Europa y de Irlanda.

En este siglo la expansión del gasto en bienestar por funciones ha sido desigual, ya que se ha concentrado en pensiones y protección social (competencias dependientes de la Seguridad Social y la Administración Central), cuyo peso sobre el total ha aumentado 4,6 puntos porcentuales. Por el contrario, el gasto en sanidad y educación (competencias autonómicas), aunque crece en volumen, ha perdido 5,6 puntos sobre el total, viéndose muy afectado por los ajustes derivados de la crisis. Como consecuencia de estas diferentes trayectorias, el peso de las administraciones centrales en el gasto en bienestar ha aumentado, pudiendo afirmarse en ese sentido que ha tenido lugar una recentralización.

El gasto en sanidad y educación, que son competencias autonómicas, crece en volumen pero pierde 5,6 puntos sobre el total

Esta nueva jornada programada por IvieLAB ha tratado la relación entre autonomía y nivelación de recursos en un estado descentralizado. Guillem López, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra y director del Centro de Investigación y Economía y Salud (CREI) ha dicho que, en su opinión, es preferible basar la nivelación de los recursos de las autonomías en la capacidad fiscal y no en las necesidades de gasto que son muy difíciles de estimar. Santiago Lago, catedrático y director de Governance and Economic research Network (GEN) de la Universidad de Vigo consideró que en España somos muy exigentes en la nivelación de las necesidades de gasto a nivel autonómico, pero nos olvidamos de la nivelación en el ámbito local.

La Renta de Garantía de Ingresos del País Vasco, en la que el Gobierno autonómico invierte 450 millones de euros, es una renta básica mínima que contribuye a reducir la desigualdad

Este seminario también ha analizado la igualdad de acceso, eficiencia y evaluación de políticas públicas del bienestar. Rosa M. Urbanos, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, indicó que las diferencias en gasto sanitario entre autonomías son relevantes, pero el mayor gasto per cápita no se traduce en mayor calidad del servicio y mejores resultados en el estado de salud, ya que existen otros factores más influyentes, como la calidad de vida de los ciudadanos.

La ponencia de Sara de la Rica, catedrática de la Universidad del País Vasco e impulsora de Initiative for Socio-Economic Analysis and Knowledge (ISEAK), mostró las luces y las sombras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) del País Vasco, que supone un gasto del Gobierno autonómico de 450 millones de euros. En su opinión, esta renta básica mínima contribuye a reducir la desigualdad, pero sigue dejando a muchos hogares en una situación de extrema pobreza, según los estándares internacionales. Sandra León, profesora de la University of York habló sobre la atribución de responsabilidades a los distintos gobiernos del estado autonómico, afirmando que “la crisis ha provocado que asignen una mayor responsabilidad política a la Administración central que a la regional en todas las funciones”.

El ciclo de conferencias y seminarios Evaluación de la sostenibilidad de las Políticas de Bienestar en el siglo XXI, organizado por IvieLAB, continuará después del verano, con nuevas propuestas de debate sobre las debilidades y fortalezas de las políticas de bienestar en España.