El conflicto independentista pasa factura, España perderá 3.300 millones

 

Esta ruptura “ha venido en un momento en el que teníamos todo para vivir bien”, ha dicho el escritor Eduardo Mendoza a su paso por Madrid para recoger el premio José Luis Sampedro del Festival Getafe Negro.  “De repente nos hemos convertido en un país triste y abocado a la división”, según el Premio Cervantes. Sin caer en un “elogio del capitalismo”, el autor catalán considera que la fuga de empresas de Cataluña -más de 700 en un cálculo in crescendo– provocará un “perjuicio” para ambas partes.  “Es un lío que, por fuerza, tiene que acabar mal”, porque “se ha producido una ruptura muy penosa”.

Los periodistas del periódico El Mundo, Daniel Viaña y Silvia Fernández, aseguran que el Gobierno reconoce que el conjunto de los españoles perderán más de 3.300 millones de euros, como consecuencia de “la tensión derivada de este proceso”. El Plan Presupuestario de 2018 que ha enviado el Ejecutivo a Bruselas  modifica a la baja el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para el próximo año. La previsión se reduce del 2,6% al 2,3%, lo que supone una caída de tres décimas y una factura de esos más de 3.300 millones.

El coste del ‘Procés’ en empleo se calcula en 75.000 puestos menos

“La desaceleración refleja la moderación del ciclo económico”, señala el documento al tiempo que  apunta la influencia de “una ligera contención de la demanda interna, resultado del impacto negativo derivado de la incertidumbre asociada a la actual situación política en Cataluña y de la ausencia de un instrumento básico de política económica como son los Presupuestos Generales del Estado”.

El Gobierno anuncia en el Plan Presupuestario “una ligera moderación de su ritmo de crecimiento”,  que supondrá la creación de más de 500.000 empleos equivalentes a tiempo completo este año y unos 425.000 el próximo”. La consecuencia es que se crearán 75.000 puestos de trabajo menos, una consecuencia de la que  el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, responsabiliza a  los dirigentes de Cataluña: “Lo que está haciendo el Gobierno de la Generalitat, además de situarse fuera del Estado de Derecho, es una amenaza para el empleo que hoy tienen los catalanes y al que aspiran tener”. Para Montoro, la situación política de Cataluña es “muy perjudicial para la continuidad de la recuperación y la creación de empleo”.

La Generalitat  admite serias dudas sobre su viabilidad inmediata y su propia garantía sobre el “funcionamiento básico de la administración catalana”, ante un proceso de independencia no pactada con el Estado, según recoge en un plan económico manuscrito –sin identificación ni firma- intervenido por la Guardia Civil en el despacho del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó, durante los registros del pasado 20 de septiembre. En ese estado de enfrentamiento con el Estado, el documento recomienda  analizar  “si podemos afrontar el primer pago de nóminas” o sostener la liquidez más allá del mes de diciembre. El plan recoge diversas propuestas de “financiación alternativa”, como la emisión de bonos patrióticos,  reforzar la recaudación de impuestos e, incluso, trasladar las cuentas del Govern a París para ponerlas a salvo.

El manuscrito, que adelantó el diario La Vanguardia, maneja el escenario hipotético de guerra y el de guerrilla. El primero plantea posibles medidas del Gobierno contra la Generalitat, que incluyen “actuar vía Tribunal Constitucional (TC) contra los máximos responsables de las instituciones catalanas”, tomar el control de la autonomía y suspender los pagos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y de los anticipos a cuenta, pero garantizando el pago de las nóminas de los funcionarios, bloqueando las cuentas del Govern.  Y realmente las cuentas de la Generalitat están bloqueadas desde mediados de septiembre, siendo el Ministerio de Hacienda quien controla las finanzas autonómicas y atiende sus pagos.

El otro escenario, denominado guerrilla, advierte de la “capacidad de sostener tesorería hasta diciembre”, señalando julio de 2018 como el “punto crítico”, porque vence el acuerdo de tesorería que firmó el Govern con CaixaBank y BBVA, que contemplaba unas líneas de crédito por valor de 3.547 millones.

Esa es la mirada de los principales actores secesionistas. Lo que ven no es un escenario de progreso y crecimiento. Pero desde fuera, la mirada es aún más pesimista. Si cabe.

La Autoridad Fiscal, institución que se encarga de velar por las cuentas públicas, advierte que  las tensiones políticas en Cataluña nos sitúan ante un período de incertidumbre para la economía española, que no podrá adelantar fácilmente el comportamiento de la actividad en los próximos trimestres. La tendencia favorable se ha esfumado con el conflicto independentista. El crecimiento del 2,7% del PIB previsto para 2018,  en buena medida propiciado por la mejora de la zona euro, está en el aire. A nadie le gusta lo que está por venir. Nadie está contento.