Déjenos decidir a qué destinar el 0,7 % de nuestros impuestos, por Ricard Valls

 

 

Vincular directamente nuestros impuestos a determinados servicios públicos no es una novedad: es sólo un intento de mostrar transparencia en su uso por las administraciones. Una transparencia que se queda medias: por ejemplo, ¿qué parte de nuestros impuestos de este año irá destinada al aumento del gasto de Defensa? En los años 80 el Ministerio de Hacienda del PSOE ya creó el 0,7% del IRPF como una opción para los ciudadanos de destinarlo a fines sociales, un modelo copiado de otros países de la UE, como Italia o Austria.

La innovación fiscal española consistió en que en los países europeos es cada ciudadano quién decide a que organización o fundación quiere dedicar su 0,7% del IRPF: aquí esta decisión quedó en manos del Gobierno central que los asignaba después a través de convocatoria pública. Fue ya una primera muestra de la escasa confianza del Gobierno hacia unos ciudadanos que no eran lo suficientemente inteligentes para elegir a quién destinar su 0,7% del IRPF, pero sí para pagarlo. En 2017 este 0,7 % fue de 240 millones de euros, destinados en un 78 % a financiar proyectos sociales, un 19 % a ONG de cooperación internacional y un 3 % a medio ambiente. Todos a elección y criterio de las administraciones.


“Se permite que las empresas destinen el 0,7 % del Impuesto de Sociedades a fines sociales, sin dejar que decidan a qué causa y organización van a destinarlo. Con este modelo se pierde la capacidad de crear valor y capital social”

 

El ministro Montoro repitió la operación en la Ley de Presupuestos para 2018, pero ahora lo traslada al Impuesto de Sociedades: ésta va a permitir que las empresas destinen el 0,7 % del Impuesto de Sociedades a fines sociales; nuevamente el destino del 0,7 % corresponderá al Gobierno, sin dejar que a las empresas se les reconozca la capacidad de decidir a qué causa y organización van a destinarlo. La empresa pierde con este modelo la capacidad de crear valor y capital social en su entorno de proximidad, y este se genera entre otras formas, creando relaciones directas y fluidas con las fundaciones y organizaciones de su entorno de proximidad y con las que comparten intereses y problemas de proximidad afines, de manera que puedan establecer relaciones de confianza a medio plazo y proyectos conjuntos.


“Frente al “Viejo Poder”, basado en un modelo de gobierno institucionalizado, emerge una sociedad civil y una nueva gobernanza conectada que exige cambios y que toma sus decisiones de forma descentralizada”

 

¿Quién cree que las decisiones del Gobierno en el reparto del 0,7% del Impuesto de Sucesiones serán más racionales que las de las empresas? Esta propuesta no refleja sólo una elección política entre un modelo redistributivo e intervencionista o un modelo liberal. Refleja una vez más el solipsismo de unas élites en las administraciones públicas y de los partidos políticos, que no comprenden los procesos de cambio acelerado en la sociedad, en una ciudadanía educada e interconecta que quiere ser dueña de su futuro, como refleja muy bien el libro El Nuevo Poder, al que se refieren J. Heimans y H. Timms, por cierto, este último creador de #Givinguesday.

Frente al “Viejo Poder” basado en un modelo de gobierno institucionalizado, emerge una sociedad civil y una nueva gobernanza conectada que exige cambios y que toma sus decisiones de forma descentralizada. Sólo hay que mirar atrás, a los últimos cuatro meses: la movilización de las mujeres el 8 de Marzo, de los pensionistas en abril. Y ahora la respuesta social a la sentencia de La Manada.

Por favor, ¡déjenos tomar nuestras decisiones, aunque sólo afecten al 0,7% de nuestros impuestos! Líbrenos de sus decisiones en nuestro nombre.

 

Ricard Valls es director Zohar Consultoria&Marketing Social.