Una subida de salarios condicionada a la creación de empleo

La subida del salario mínimo afectará a unos 530.000 trabajadores. Así se ha acordado en el pacto que han firmado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, los sindicatos UGT y CC OO y las patronales CEOE y Cepyme, para subir el sueldo más bajo hasta los 850 euros de ahora a 2020, siempre que la economía crezca por encima del 2,5% y que se creen 450.000 empleos al año. “Unos límites muy prudente porque están por debajo de lo que estamos logrando”, en declaraciones del presidente Rajoy.

El sindicalista de CC OO, Unai Sordo, espera que la subida del salario mínimo sirva de “acicate para otros acuerdos de la negociación colectiva”, corrigiendo además la “anomalía histórica” de que el SMI no llegue al 60% del salario medio, como recomiendan los organismos internacionales. Pepe Álvares ha señalado que UGT ve este acuerdo “desde la perspectiva de más acuerdos, más diálogo y más concertación social”. En su opinión, es el inicio de una senda y debe ser completado con otros acuerdos que “ayuden a repartir mejor la riqueza en nuestro país”.

Los dirigentes empresariales calificaron el acuerdo de “razonable” y bueno para “ayudar a combatir la economía sumergida”. No obstante, Juan Rosell (CEOE) advirtió que “sin beneficios no se pueden subir salarios”, tras recordar que no se han recuperado los niveles de recaudación por impuesto de sociedades, que grava los beneficios de las empresas. Antonio Garamendi (CEPYME) resaltó “el medio millón de empleos al año lo crean las empresas, por eso hay que cuidarlas especialmente”.

El profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense, Jesús Lahera Forteza, considera que “apostarlo todo al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sin un pacto social de rentas moderno y valiente ni una negociación colectiva diferente, puede convertir este objetivo en un tópico políticamente correcto que ejerce de efecto placebo mientras los salarios permanecen estancados”. Por eso, propone que la solución para “una subida salarial generalizada en la sociedad española” pase más bien por combinar “nuevas herramientas políticas con una negociación colectiva distinta”. En un artículo publicado en El País, Jesús Lahera señala que es “imprescindible” asentar la futura negociación colectiva en una “política de incentivo salarial” que resulte del “gran pacto social de rentas” entre las principales organizaciones sindicales y empresariales. Este pacto social debe contemplar, en su opinión, subidas de las retribuciones y articular sistemas jurídicos de conexión con la productividad de cada sector y empresa.

 

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