«Todo el mundo sabe que tiene algún problema», dice el ministro de Justicia del juez que pidió absolver a ‘La Manada’

El ministro de Justicia considera que “se podrían haber evitado” los “resultados singulares”, en referencia al voto particular del magistrado Ricardo González a favor de la absolución de los acusados en el caso de “La Manada”, porque “todos saben que una persona tiene un problema, todos los saben”. Sin entrar a dar más detalles porque “tampoco sería razonable hablar de cuestiones personales”, Rafael Catalá ha señalado directamente, en el programa “Herrera en COPE”, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por considerar que “debería haber ejercido su potestad disciplinaria contra el juez González. “Todos saben” que “tiene una situación singular” y tienen “algunos expedientes ya abiertos”.

El texto del magistrado González recoge «expresiones y consideraciones impropias de un voto particular», según el ministro, quien ha reconocido que la línea entre violencia e intimidación «es muy sutil y provoca resultados como los que hemos visto estos días», informa El Confidencial.  Las leyes tiene que adaptarse a la realidad y «si hay desajustes, como se ha visto en este caso, hay que legislar», ha manifestado.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ,Juan Manuel Fernández, ha asegurado en declaraciones a La Sexta que “no había ningún motivo” para actuar contra el juez que emitió el voto particular en el caso de ‘La Manada’, porque “no había ningún motivo” para tomar medidas sobre ese magistrado antes de su intervención en el juicio. Asimismo, ha aclarado que «El Consejo no ha actuado porque no ha habido ninguna actuación disciplinaria contra el magistrado González”.

La Comisión General de Codificación trabaja ya (27/4/2018) en el estudio para una reforma del Código Penal, del que saldrá una primera propuesta Gobierno a los grupos políticos, según ha confirmado el ministro, quien ha subrayado que el Gobierno trabajará para que el Código Penal quede perfilado «de la mejor manera posible» de cara al futuro, y ha pedido estar «siempre» del lado de la víctima, que «nunca» es responsable de nada.
Para el titular de Justicia, es preciso “garantizar la independencia de los jueces” y también que “los ciudadanos puedan emitir sus opiniones sobre estos”, porque «vivimos en una sociedad democrática y entiendo la convulsión social en torno a un hecho tan mediático”.

Labor de tutela del CGPJ

Tras insistir en que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en Navarra conocen muy bien esta situación y el Consejo tenía que haber actuado preventivamente», el ministro asegura que «el Consejo tiene una labor de organización y tutela de la carrera judicial» . Se trata, no de pedirle al CGPJ que «sancione a un juez por emitir un fallo o un voto particular» en el «ejercicio de sus funciones», sino de recordarle su «responsabilidad» a favor de «la independencia del poder judicial», que «se fortalece con el reconocimiento de la calidad de todos los miembros de la carrera».

El juez González ha sido sancionado hasta en cuatro ocasiones por retrasos en sus resoluciones entre finales de los años 90 y el 2000, cuando era titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Bilbao. Según las sentencias del Tribunal Supremo, las sanciones impuestas sumaron más de 350.000 pesetas de multa y una de ellas supuso la suspensión por un periodo de seis meses por la comisión de una falta muy grave de retraso injustificado y reiterado en la tramitación y resolución de procesos, según informa El Periódico.

Juezas y Jueces para la Democracia

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha pedido la dimisión del ministro por entender que “tenemos que salir al paso de actuaciones o declaraciones desafortunadas”, que “alientan la deslegitimación del poder judicial, cuanto más cuando provienen precisamente de responsables de los otros poderes, por lo que desde aquí pedimos la dimisión del Ministro de Justicia, D. Rafael Catalá Polo».
También la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha realizado un llamamiento “a la confianza en el sistema jurídico constitucional. Asimismo al respeto personal y exige el cese de los graves ataques que están sufriendo los titulares del Poder Judicial», ante los límites alcanzados por las reacciones de protesta contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra.

APM pide garantizar la convivencia

«Este principio esencial merece particular respeto y protección por aquellas personas e instituciones que, por su función institucional, tienen una especial responsabilidad en la defensa del interés público y de la independencia judicial, asegura el comunicado de la APM, para indicar que se trata de un “principio básico del Estado de Derecho que garantiza la convivencia democrática, incluso cuando ello suponga contrariar la supuesta opinión pública. En su opinión, “esta obligación es especialmente predicable en los otros dos Poderes del Estado, es decir en los miembros del Gobierno (particularmente en el Ministro de Justicia) y en los representantes de la soberanía nacional».