“Cara a Cara” sobre Justicia de Sociedad Civil Por el Debate

Desde la Justicia

Carlos Carnicer. Presidente del Consejo General de la Abogacía: «A la justicia le falta la confianza de los justiciadores»

Ramón Rodríguez Arribas. Ex vicepresidente del Tribunal Constitucional: «No se pueden cambiar las leyes en cada legislatura»

José Manuel Maza. Magistrado del Tribunal Supremo: «Hay una necesidad imperiosa de que se atribuya la investigación de delitos al Ministerio Fiscal»

Carlos García-Berro. Vocal del secretariado de la Unión Progresista de Fiscales: «Hacen falta nuevas normas, porque no todo se arregla a golpe de BOE»

Ignacio González-Vega. Magistrado y miembro de Jueces para la Democracia: «La justicia está en precario porque faltan jueces»

Silvia Hinojal. Abogada de Familia y mediadora: «La ley de Mediación Civil está estancada, los políticos la llevan al discurso pero no a la práctica»

Desde la política

José Miguel Castillo. Portavoz de Justicia PP en el Congreso (última legislatura): «El modelo de nuestra administración de justicia está agotado»

Soraya Rodríguez. Portavoz de Justicia PSOE en el Congreso (última legislatura): «Sin un pacto es difícil acompeter los problemas»

Enrique Santiago. Número 3 en las listas del Congreso por Unidad Popular-IU: «Con la cuarta parte del rescate bancario habríamos matizado la Justicia»

Andrés Herzog. Portavoz y líder de UPyD: «La transferencia de la Justicia a las Comunidades Autónomas ha sido muy perjudicial»

Miguel Gutiérrez. Número 3 Ciudadanos al Congreso por Madrid: «Los ciudadanos no entienden que haya magistrados que se metan en política y luego vuelvan a su trabajo en el juzgado»

María Espinosa. Diputada por Podemos en la Asamblea de Madrid: «La politización de la Justicia es un palo en la rueda a la hora de investigar la corrupción»

Profesionales de la Judicatura y representantes políticos debatieron ‘cara a cara’sobre la situación de la Justicia en nuestro país, en un acto organizado por Sociedad Civil por el Debate, en el Club Siglo XXI de Madrid. El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, dijo que muchas veces se culpa a los abogados por el retraso de los procedimientos cuando «son los jueces quienes establecen los plazos de la ley». Sobre el diagnóstico de la situación de la Justicia, Carnicer se quejó de la falta de medios y señaló que «a la justicia le falta la confianza de los justiciadores».

QUÉ MUNDO QUEREMOS

El presidente del Consejo General de la Abogacía criticó que después de trece años los partidos no hayan desarrollado aún la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de la Justicia, entregada en el Congreso en abril de 2002. Además, Carnicer salió en defensa de los 40.000 abogados que atienden el turno de oficio sin medios ni la remuneración adecuada. «Nuestros esfuerzos tienen poca trascendencia. Pero la Sociedad Civil tiene que ser capaz de llevar al ánimo de quienes van a gobernar la propuesta de qué mundo queremos», dijo.

INSEGURIDAD JURÍDICA

El ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Ramón Rodríguez Arribas, defendió que «la reforma de la Administración de la Justicia es una cuestión de Estado, que exige que todos los partidos se pongan de acuerdo para que no haya un cambio constante de normas que genera inseguridad jurídica. No se pueden cambiar las leyes en cada legislatura». Rodríguez Arribas, que ha sido juez durante más de 50 años, pidió a los políticos «que se pongan de acuerdo, porque merece la pena invertir en justicia y porque el desarrollo económico necesita una justicia muy buena». También ha pedido que se acabe con «las etiquetas de jueces conservadores y jueces progresistas. Somos jueces a secas, imparciales, eficientes y a favor de los ciudadanos».

ACTUACIÓN DEL MINISTERIO FISCAL

José Manuel Maza, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, agradeció a Sociedad Civil por el Debate la oportunidad de poder decirles «cara a cara» a los políticos que hay «una necesidad absoluta, imperiosa, de que se atribuya la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal, porque somos los únicos del mundo que todavía se lo adjudicamos a los jueces”. El magistrado no se mostró a favor de un pacto de Estado: «No sirve para nada porque sólo supone un pacto sobre los principios básicos y luego no se desarrollan acuerdos puntuales».

A GOLPE DE BOE

Carlos García-Berro, de Unión Progresista de Fiscales, defendió la necesidad de una nueva Ley de Enjuiciamiento Penal y una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal «para reforzar su autonomía». «Sin esos avances, señaló, y sin una dotación presupuestaria adecuada pasarán 130 años y seguiremos igual». Para el magistrado «ya ha habido pactos de Estado de Justicia y no han sido muy felices porque han servido, en ocasiones, para eludir responsabilidades. Hacen falta nuevas normas, pero no todo se arregla a golpe de BOE».

FALTAN JUECES

Desde la Asociación de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, denunció que «la justicia está colapsada, con una carga de trabajo en casi la mitad de los juzgados superior al 150 por ciento. Se dictan juicios a dos años vista y eso produce una doble victimización». Entre los juzgados sobrecargados, Fernández Vega citó a los que instruyen causas relativas a las preferentes y los desahucios. También señaló que «la justicia está en precario porque faltan jueces» y reclamó“un plan integral para lograr que la justicia sea un servicio público de calidad y gratuito».

MEDIACIÓN PARA LOS CIUDADANOS

Silvia Hinojal, representante del Grupo Europeo por la Mediación, señaló que «estamos estancados» y que los partidos y los gobiernos «han incorporado la mediación al discurso, pero no a la práctica». Para esta abogada de familia, los políticos «tienen que ofrecer un sistema viable, posible, para que la mediación llegue a los ciudadanos».

UN MODELO AGOTADO

Las formaciones políticas se han mostrado escépticas sobre la eficacia de un Pacto de Estado para la Justicia, pero coinciden en que los acuerdos son imprescindibles para resolver los problemas. José Miguel Castillo, del Partido Popular, dijo que «es complicado que nos pongamos de acuerdo, porque ni siquiera los operadores de la Justicia lo han conseguido. No es un tema de voluntad, es un tema de complejidad». Castillo defendió la acción del Gobierno en la última legislatura argumentando que se han aprobado 14 proyectos de ley. «La justicia tiene un modelo agotado”, dijo, “y debe avanzar, como la sociedad, gradualmente».

SOMOS UN ESTADO DE DERECHO

La portavoz de Justicia del PSOE, Soraya Rodríguez, señaló que «un Pacto de Estado no es la solución», pero «sin un pacto es muy difícil acometer los problemas estructurales». Rodríguez reiteró que su partido, si gana las elecciones, va a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal». La portavoz socialista criticó, además, «las leyes que ha sacado adelante el PP estos últimos cuatro años”, como la de tasas judiciales. “Ha sido malísima una mayoría absoluta, hemos perdido como país». Soraya Rodríguez también se refirió a la situación en Cataluña y manifestó que frente al desafío secesionista, “podemos gobernar este país después del 20-D”. La socialista subrayó: “Con todos nuestros defectos, España es un Estado de Derecho donde las leyes se cumplen».

ESPERANDO LA DENUNCIA BÁRCENAS
Enrique Santiago, de Unidad Popular-Izquierda Unida, denunció que «el sistema está a punto de colapsarse» y criticó la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal que «va a hacer que sea inviable la instrucción penal de delitos complejos por falta de medios». También condenó la actitud de la Fiscalía, que «a estas alturas aún no ha puesto una denuncia por el caso Bárcenas». Enrique Santiago señaló que no cree necesario un Pacto de Estado, sino en la voluntad política de todos. Y afirmó que «Con la cuarta parte de los rescates bancarios, habríamos dejado matizada la justicia».

RECUPERAR LAS COMPETENCIAS

Andrés Herzog, líder de UPyD, sostuvo que «la transferencia de la Justicia a las Comunidades Autónomas ha sido muy perjudicial» y que «hay que recuperar las competencias para el Estado». Herzog ha pedido que se aborden los problemas «de raíz» y que se acabe con la politización de la Justicia. Y afirmó que partido va a derogar reformas del PP que «han tenido el mérito de poner en contra a todos los estamentos tanto progresistas como conservadores». También se refirió a la corrupción, pidiendo «que los políticos sean juzgados por su juez natural para acabar con los aforamientos y la impunidad».

DE LA JUDICATURA A LA POLÍTICA

El número 3 en las listas de Ciudadanos al Congreso por Madrid, Miguel Gutiérrez, defendió una reforma de la Constitución desde un consenso absoluto y criticó que haya magistrados «que se presenten en las listas de un partido político y que luego vuelvan a ejercer en los juzgados». Para Gutiérrez, tampoco es lógico «llevar 35 años cambiando las leyes, cuando lo que hace falta es que las leyes se cumplan».

MILLONES PARA UN PÁRAMO

Por último, María Espinosa, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, se mostró»más partidaria de un pacto social que de un Pacto de Estado». Además, criticó las medidas del PP explicando que “sólo han empeorado la situación de la Justicia» y lamentó que se hayan gastado 105 millones de euros “en una Ciudad de la Justicia que ahora es un páramo lleno de conejos». Espinosa señaló que «la politización de la Justicia es un palo en la rueda a la hora de investigar la corrupción”. Por último, señaló que “la Justicia debe ser menos poder judicial y más servicio público».