Ana Lima Fernández: ‘Vivimos un momento de involución en los servicios sociales públicos que no nos gusta y contra el que nos rebelamos’

Servicios sociales atiende a 8 millones de ciudadanos en España y aún no dispone de una Ley que permita gestionar su actuación en múltiples frentes, algunos tan importantes como los sistemas sanitario, educativo, judicial o penitenciario. La presidenta del Consejo General del Trabajo Social en España, que representa a 40.000 trabajadores sociales, advierte que se está produciendo un cambio de modelo que quiere convertir lo social, el sistema público de servicios sociales, en beneficencia. Ana Isabel Lima, que también lidera la Federación Internacional de Trabajo Social de la Región Europea, con 39 países y 170.000 trabajadores sociales, adelanta que Europa ya estudia una renta para ayudar a las personas que no encontrarán empleo y pide un sistema público de servicios sociales que se ajuste a las nuevas necesidades de los ciudadanos.

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o En los últimos años hemos vivido un retroceso del propio sistema público que garantizaba derechos, que era el camino que estaba teniendo desde que se creó en los años 80.
o Nos alejamos cada vez más de un modelo de convivencia, bienestar, cohesión social, participación democrática y calidad de vida que nos distancia de la meta de la felicidad común.
o El sistema de servicios sociales garantiza por derecho, con dignidad, la compra de alimentos en el supermercado.
o El Gobierno ha destinado los 560 millones de euros del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Desfavorecidas a los bancos de alimentos hasta 2020.
o La ministra tiene que hablar de los derechos sociales de la gente, no pedir ayuda a los ciudadanos para dar juguetes a los pobres.
o Se mantiene un discurso contradictorio: cuando hay elecciones, hablan mucho de lo social, pero luego el poder no se queda en lo social.
o Los grupos parlamentarios nos piden que les hagamos propuestas para incluirlas en un posible pacto de Estado.
o No se puede seguir trabajando para una inserción laboral que no va a ser posible en el futuro.

 

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Por Agustina Sangüesa
SCD.- El Consejo general del Trabajo Social envió, en junio de 2016, un documento a los partidos con cinco propuestas para la supervivencia de los servicios sociales
A.L.- Esa propuesta contempla cinco puntos básicos, empezando por subrayar la necesidad de atender al 22’1% de la población que está en riesgo de pobreza, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), teniendo en cuenta que la cifra se dispara cuando hay niños en casa y si la mujer afronta en solitario el sustento del hogar. Nuestro segundo punto dice no a la beneficencia y defiende con firmeza los derechos en servicios sociales. También reclamamos la creación de una Ley Estatal de Servicios Sociales y una Ley de Garantía de Ingresos, que ponga orden en todas las prestaciones y que contemple la prestación social de inserción, además de la ayuda económica. Por último, la quinta medida pide la derogación de la reforma local en lo que compete a servicios sociales.
SCD.- ¿Qué cambios y mejoras habría que incluir en una posible reforma de la Constitución?
A.L.- Esa reforma debería reconocer los servicios sociales como un derecho fundamental, que sería una base marco para hacer luego una Ley Estatal Marco de Servicios Sociales. En los últimos años hemos vivido un retroceso del propio sistema público que garantizaba derechos, desde que se creó en los años 80. Hay cuatro sistemas de protección social fundamentales en España: sanitario, educativo, de pensiones y la garantía de rentas, que ha estado muy discutido en la agenda política de España y Europa. Y, por otro lado, está el sistema de servicios sociales, que es el más debilitado, entre otras cosas, porque su desarrollo ha sido autonómico y municipalista, con la amenaza de la última reforma local aprobada que hemos combatido desde el principio.
SCD.- ¿A qué Ley se refiere?
A.L.- A la Ley de Sostenibilidad y Racionalización de la Administración Local, aprobada a finales de diciembre de 2014 y que debería haberse aplicado a los servicios sociales en 2016. Esa reforma suponía que los municipios de menos de 20.000 habitantes no tendrían la obligatoriedad de prestar servicios sociales y cambiaba las competencias de los municipios con más población al introducir una prestación de atención social básica y en emergencia, algo similar a que la sanidad solo dejara las urgencias. Suponía un ataque frontal al sistema. Muchas Comunidades Autónomas y algunos partidos presentaron recursos de inconstitucionalidad y el pasado verano el tribunal advirtió que el Estado no podía regular esas competencias en servicios sociales.
SCD.- ¿Esa Ley allanaba el terreno para recortar derechos en atención social?
A.L.- El objetivo de esta Ley -y el presupuesto que se mandó a Bruselas-era ahorrar, reducir costes en 8.000 millones de euros que salía, en gran parte, de los servicios sociales. Al CGTS le parecía muy duro que en un tiempo de desahucios, de aumento del paro, pobreza y desigualdad se recortara un sistema que representa el último recurso para mucha gente. Era muy injusto que Bruselas pidiera austeridad cuando más falta hacía una ayuda social a los españoles.
SCD.- ¿Qué dijo Bruselas?
A.L.- El comisario europeo comentó que se había enterado de los efectos de la reforma local gracias a mi comparecencia en la Comisión Europea, porque nadie le había informado con tanta claridad de sus consecuencias. La Comisión Europea ha hecho después muchos informes valorándola negativamente. Así que nosotros queremos seguir siendo una fuente de información de primer nivel y en tiempo real, queremos ampliar nuestra capacidad de lobby en Europa para validar todo lo que decimos con sistemas de evaluación del impacto social, una línea en la que trabajamos con otras organizaciones que tienen voz y voto en Bruselas, como la Plataforma Social Europea y la ESN. Queremos influir en lo que se haga en Europa. En el congreso que celebraremos en Mérida en octubre pondremos en valor la aplicación de estos sistemas de evaluación, para demostrar que hay medidas que adopta un Gobierno que pueden tener un impacto social muy negativo e, incluso, vulnerar los derechos humanos.
SCD.- El Tribunal Constitucional ya ha paralizado esta reforma local, ¿ahora qué ficha debe mover el Gobierno?
A.L.- Este asunto está pendiente de solución, es una de las primeras tareas que debe abordar el Gobierno.

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SCD.- ¿Qué más deberes tiene pendientes el Ejecutivo?
A.L.- El Gobierno debería sacar ya a estrategia socio-sanitaria. Y ahí, el Consejo General del Trabajo Social avisa de dos cuestiones organizativas fundamentales: una es la relativa al copago sanitario, es decir, cómo se va a financiar; y otra es cómo se va a articular lo socio-sanitario dentro de lo social. Vemos hay una carencia total de atención integral en otros sistemas, que no sean exclusivamente los de servicios sociales. En sanidad hay muy pocos trabajadores sociales y se les está ninguneando a la hora de hacer la estrategia, de alguna forma se está procurando la desprofesionalización, en lugar de reforzar la vertiente social en la atención sanitaria. No hay un concepto de atención bio-psico-social, sino que se reemplaza al trabajador social, por ejemplo, con enfermeros, de forma que la estrategia excluye la visión social y, en muchos casos, debilita a los servicios sociales. El interés se centra en detraer recursos de la Dependencia para llevarlos a Sanidad y evitar problemas. En nuestra opinión, se tiene que articular con claridad el copago para que lo sanitario tenga una verdadera dimensión social.
SCD.- ¿Esta forma de actuar esconde, de alguna manera, la descapitalización humana y presupuestaria de nuestros servicios sociales públicos y universales?
A.L.- Esa es una de las tendencias. Uno de los riesgos que tiene ahora mismo el sistema público es la beneficencia. Le cuento un caso concreto que está pasando. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales pide un dinero a Europa para servicios sociales y España decide destinarlo a la compra de alimentos para entregar a las familias, en vez de fomentar los servicios sociales. Hay dos formas de ayudar a la gente que tiene hambre, una es ir a servicios sociales donde se les da un vale para garantizar la compra de alimentos en el supermercado y dar de comer a los hijos sin tener que ir a pedir a un banco ni hacer cola en un comedor social. El sistema de servicios sociales garantiza por derecho esa fórmula desde lo público, tratando a la gente con dignidad. Otra forma es poner a la gente en cola para que alguien le dé su caridad, esa es la que ha elegido el Gobierno, dando el dinero de Europa a dos entidades, a Cruz Roja y a Banco de Alimentos, para que estas organizaciones repartan la comida, la mayor parte de las veces a través de voluntarios, sin ningún criterio profesional.
SCD.- ¿Quiere decir que se ha externalizado parte de los servicios sociales redirigiéndolos hacia la beneficencia?
A.L.- Eso es, pero con dinero público que es de Europa y con otra parte de dinero que pone el Gobierno español, que son muchos millones.
SCD.- ¿De cuánto dinero público estamos hablando?
A.L.- Los 560 millones de euros del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Desfavorecidas, que se destinarán a los bancos de alimentos hasta 2020, casi cuadriplican la aportación estatal al Plan Concertado, de 27,5 millones hace dos años, para los servicios sociales municipales que ofrecen sobre todo ayudas de emergencia a las familias. Nosotros denunciamos esto en el Informe Social para la acreditación de la situación de exclusión del fondo de ayudas de la FEAD, aclarando que el Consejo General del Trabajo Social no se opone a la solidaridad, pero estima que esa ayuda debe complementar, nunca sustituir, el sistema público de protección social. Según el punto 8 del reglamento europeo, ‘este fondo no está destinado a sustituir políticas públicas aplicadas por los Estados miembros para combatir la pobreza o la exclusión social’. El sistema de servicios sociales tiene dos amenazas ahora mismo, una es cómo se va a implantarla estrategia socio-sanitaria y otro son las prácticas de beneficencia desde la propia Administración, que no corresponden al Estado, sino a las ONG’s que, dicho sea de paso, me parece muy bien que existan.

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SCD.- ¿Qué intencionalidad ve detrás de todo esto?
A.L.- Hay un cambio. Mire, la ministra sacó un saludo en Navidad pidiendo ayuda a los ciudadanos para dar juguetes a los pobres y apelar a los bancos de alimentos. Eso no debe decirlo la ministra, le corresponde más bien a figuras como la del Padre Ángel. La ministra tiene que hablar de los derechos sociales de la gente.
SCD.- ¿Hay cambio en los presupuesto, en el modelo público?
A.L.- Hay cambio de acciones, estrategias y presupuestos públicos. Entendemos que es un cambio de modelo en el que lo social se quiere convertir otra vez en la beneficencia. Y se dan paso como el de los bancos de alimentos o se hacen recortes para que luego sea el Tercer Sector quien gestione todo como pueda, acciones que no hacen más que debilitar lo que ya era muy frágil. Estamos viviendo un momento de involución en el sistema público de servicios sociales que no nos gusta nada y contra el que nos rebelamos.
SCD.- ¿De qué manera se rebela el CGTS contra ese proceso de involución?
A.L.- Por un lado, apunta la privatización de lo que es objeto de mercado, que es la dependencia, eso se mercantiliza con el copago sanitario; por otro lado, la pobreza y la exclusión social se pasan a la beneficencia. Y se destruye, se desconfigura el sistema público de servicios sociales. Esas son las dos amenazas y en función de cómo logremos hacer las cosas con la estrategia socio-sanitaria y con el tratamiento de la pobreza y la exclusión social vamos a reforzar o a destruir el concepto de sistema público de servicios sociales que garantiza derechos.
SCD.- ¿En qué puntos básicos se sustenta la estrategia que debería estar preparando el Gobierno?
A.L.- Para reforzar ese sistema público de servicios sociales es imprescindible una Ley que ponga negro sobre blanco la cartera de servicios que tiene en el ámbito estatal. Es importantísimo que la Constitución diga que esto es un derecho fundamental. Y además queremos que se aclare muy bien qué van a aportar los servicios sociales, qué va aportar la sanidad y qué se va a pagar o a financiar mediante copago o mediante impuestos.
SCD.- ¿A los políticos les preocupa el debilitamiento de los servicios sociales públicos? ¿Advierte un cierto despiste de la política en este terreno?
A.L.- Están muy despistados, mucho, pero izquierdas y derechas. Algunos van de representantes del pueblo y cuando hablas con ellos solo sacan ocurrencias, no respetan el sistema, el sistema debe contar con la participación ciudadana, pero no se puede actuar desde un trabajo social comunitario mal entendido. Están despistados pero receptivos, porque muchísimos partidos han cogido nuestras medidas y las han incluido en sus programas políticos. Y eso es un indicador de que realmente sí les preocupa el tema. Falta la visión social en muchos ámbitos, también en el político. Hay muy pocos políticos que de verdad tengan una visión social, normalmente ponen ahí a gente que no saben dónde colocar, porque no lo consideran algo fundamental. Se mantiene un discurso contradictorio: cuando hay elecciones, hablan mucho de lo social, pero luego el poder no se queda en lo social.
SCD.- ¿Hablan los políticos de la necesidad urgente de hacer un pacto de Estado por la recuperación de servicios sociales?
A.L.- Sí se habla. Una de las propuestas que ha hecho este Gobierno nada más llegar es hacer un pacto de Estado contra la violencia de género y un pacto de Estado por los servicios sociales. Se ha hecho una comisión con todos los grupos parlamentarios para ver cómo lo plantean. Yo me entrevisté, en diciembre de 2016, con dos diputadas de la Comisión de Servicios Sociales de Podemos, Ana Terrón y Ana Marcello, que pretendía estudiar el contenido del pacto para que no quedase en una medida vacía, meramente publicitaria. Los grupos parlamentarios nos piden que les hagamos propuestas para incluirlas en este pacto de Estado.
SCD.- ¿En esta Comisión están todos los partidos?
A.L.- Sí, y la propuso el Partido Popular. Los partidos confunden los derechos con la beneficencia y el papel del Estado con la labor de las ONG’s, por citar algunos ejemplos. Pero sí creo que tienen un interés muy grande por lo social porque están viendo problemas muy serios.
SCD.- ¿Cuál es la radiografía de problemas y retos de los servicios sociales públicos?
A.L.- Nosotros hemos creado un grupo de expertos, porque detectamos que hace falta un nuevo modelo social, que el modelo actual está pensado para una sociedad que ya no existe. Ese nuevo modelo hay que construirlo incorporando la visión de muchos actores, pero teniendo en cuenta a los profesionales que trabajamos ahí. Luego hay que adaptar la intervención social a un nuevo cambio de paradigma que tiene que ver bastante con el empleo, en tanto no se puede seguir trabajando para una inserción laboral que no va a ser posible en el futuro. No se pueden aplicar medidas de austeridad en los servicios sociales en la situación que vivimos. Es necesario introducir de manera mucho más intensa las nuevas tecnologías y, sobre todo, trabajar con comunidades virtuales. Es necesario articular toda una serie de medidas legislativas, empezando por la Constitución y una Ley marco que articulen mejor el sistema de servicios sociales para garantizar que camine hacia la universalización de derechos y no vaya hacia atrás, hacia la beneficencia.
SCD.- ¿Hace falta incorporar a más trabajadores sociales para atender al ciudadano?
A.L.- Es necesario ver cómo nuestra relación con otros sistemas, como el sanitario. Y hace falta una mayor presencia de lo social en otros sistemas. Los jueces han exigido más trabajadores sociales en los juzgados de familia, en los civiles para tutelas e incapacidades, en los de violencia de género y en las oficinas de atención a las víctimas. Es muy importante hablar de ratios profesionales en cada uno de los servicios en los que se trabaja, para poder garantizar la calidad en la atención.
SCD.- ¿Por dónde va Europa en protección social?
A. L.- Europa se está planteando una renta mínima para toda la población, sobre todo, porque hay una teoría bastante dura y es que se entiende que una parte de los ciudadanos se va a quedar sin trabajo siempre.
SCD.- ¿Por ahí cree que va el ensayo de renta básica universal de Finlandia?
A.L.- Eso es, ¿por qué? Porque el cambio de paradigma del sistema productivo provocará que no haya empleo para todo el mundo, frente al alza de una tendencia general de trabajo muy especializado. Por eso se plantea que tiene que haber una renta por derecho de ciudadanía gente cualificada, pocos y muy bien pagados; y un trabajo muy mal retribuido que no dará, al que lo tenga, más que para subsistir. Por eso se plantea que tiene que haber una renta por derecho de ciudadanía que se acerca más a esa idea de renta básica que a la renta mínima que tenemos en España y que no tiene nada que ver. La idea es que haya una renta de subsistencia porque mucha gente no se insertará en el mundo laboral y otra para complementar el salario porque va a ser precario.
SCD.- ¿Para cuándo?
A.L.- Europa está haciendo una comisión de estudio sobre este asunto. La mayoría de los partidos han hecho sus propuestas (Conectad@s). Nosotros le hemos propuesto al Gobierno una Ley de Garantía de Rentas. Ahora mismo hay rentas mínimas de inserción autonómicas que se regulan desde los servicios sociales, menos en País Vasco que se hace desde Empleo. Pero hay muchas diferentes según el territorio, de tal manera que al final los derechos sociales se garantizan en función de tu código postal, es decir, si eres pobre lo vas a tener mejor en Euskadi y Navarra que en Murcia o Extremadura.
SCD.- ¿Y el Gobierno qué está haciendo?
A.L.- El Gobierno recibió en 2016 dinero de Europa para que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad analice qué pasa exactamente en España con las rentas de inserción. Esta tendencia está sobre la mesa y se tiene que abordar ya. El planteamiento que hay ahora es que se distinga la prestación económica de la de inserción de Servicios Sociales, algunas Comunidades Autónomas se plantean solo la parte de apoyo a las personas o las familias. Este es el planteamiento que deben estudiar en profundidad, de aquí a dos años, el Ministerio y todas las CCAA.
SCD.- ¿Nos esperan muchos cambios?
Estamos trabajando con unos modelos de protección social que ya no responden al actual modelo social.
SCD.- ¿Qué está pasando?
A.L.- Hay un cambio social fuerte. La gente acude a lo social cuando le falla el empleo, cuando hay un cambio brutal en el mercado laboral y se empieza a ganar menos. Nos dicen que no trabajemos la inserción laboral porque todos sabemos que en un futuro no tendrá sentido, hay gente que no va a trabajar nunca y aunque lo haga, el trabajo no va a ser su salvación. Los trabajadores sociales debemos reforzar la metodología de acompañamiento para propiciar el mayor grado de inclusión social posible en este nuevo cambio de paradigma.

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https://www.cgtrabajosocial.es/#2
Propuestas de los partidos: http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/consejo/files/CONECTADOS%20110.pdf